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Buenos Aires, Miércoles 03 de Junio de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19656

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SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: OFICINA DE JURISPRUDENCIA BOLETÍN MENSUAL - MARZO 2010-
FISCALIA GENERAL Proc. 57 Medidas cautelares. Licencia de taxímetro. Medida precautoria para evitar su transferencia a terceros. Las licencias de taxímetro están en el comercio como objeto de cesión, integran el patrimonio del presunto deudor y pueden ser objeto de medidas precautorias que impliquen la imposibilidad cabal de transferencia a un tercero en los términos del art. 232 y concordantes del CPCCN.. Asimismo podría esbozarse una analogía con la inhibición general contemplada en el art. 228 del citado cuerpo legal, lo que podría materializarse mediante un oficio al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. F.G. Dictamen N| 49.895 del 01/03/2010 Sala III Expte. N° 48.749/2009 “Iglesias jorge c/Massacesi Pedro Marcelo s/despido”. (Dr. Álvarez). La Sala II adhirió al criterio del Fiscal General mediante S.I. 60.975 del 25/03/2010.


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PROCEDIMIENTO Proc. 50. Intervención de terceros. Citación con idéntica calidad. Improcedencia. La facultad de citar a terceros a juicio, según el art. 94 del CPCCN, compete sólo a la parte actora o a la demandada, pero no existe tal facultad por parte del tercero citado. Además, debe examinarse con criterio restringido la posibilidad de que quien es incorporado al proceso en calidad de tercero pueda, a su vez, convocar a otro sujeto con idéntica calidad, lo cual habrá de importar una deformación de la litis originaria. Sala VI Expte n° 31088/07 sent. Int. 32131 31/3/10 « Merino, Omar c/ Transportes Metropolitanos Gral Roca y otro s/ salarios por suspensión” (F.M.- F.)


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PROCEDIMIENTO Proc. 33 Ejecución de créditos. Ejecución fiscal. Mecánica de la ejecución de cobro de deudas contra el Estado. La existencia de una norma específica para el cobro de deudas del Estado, como es la ley 23.982, no impide que se lleve adelante el proceso ejecutivo, sino que sólo implica una modificación en su faceta compulsiva. No es que el demandado esté excluido del proceso ejecutivo previsto en los arts. 604 y 605 del CPCCN. El proceso ejecutivo conlleva dos etapas, una de conocimiento restringido y otra de cobro compulsivo, y es obvio que la primera de ellas no se ve alterada por la norma en cuestión que sólo resulta aplicable en la segunda. Sala IV, S.D. 94.616 del 31/03/2010 Expte. N° 13.821/2009 “Unión del Personal Civil de la Nación U.P.C.N. c/Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria s/ejecución fiscal”. (Gui.-Zas).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 83. Salario. Modificación de modalidad de pago. Adicionales “antigüedad y presentismo”. Acta acuerdo. Ley 25877. El acta acuerdo que, en el caso, modifica el pago de los adicionales “antigüedad y presentismo” establecidos por la C.C.T. 32/75 “E” fue celebrada durante el trámite del expediente MT y SS n° 1085340/04, donde se trató la renovación del convenio en cuestión, y fue suscripta por los sujetos legitimados para ello (empresa demandada y parte de representación gremial). En tales condiciones y de acuerdo a las modificaciones introducidas por la ley 25877, dicha acta del 31/5/05 no requería de homologación administrativa para producir sus efectos. Por ello, las cláusulas acordadas por los firmantes obligaban a la demandada a liquidar los adicionales en la forma allí convenida. Sala III Expte n° 13881/07 sent. 91781 12/3/10 « Galván, Julieta y otros c/ Estado Nacional de Medios Públicos SA s/ diferencias de salarios” (G.- P.)


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 83 15 Salario. Asignaciones no remunerativas. Planteo de inconstitucionalidad sobre una norma convencional. Procedencia. Es posible restar validez y vigencia a una norma proveniente de un convenio colectivo de trabajo a través de un planteo de inconstitucionalidad, ya que en nuestro sistema, todas las normas jurídicas (cualquiera sea su fuente) son susceptibles de esa tacha. Tanto es así que recientemente la CSJN ha declarado la inconstitucionalidad de una norma de ese origen en la causa “Madorrán Marta C. c/Administración Nacional de aduanas s/reincorporación” sentencia del 3/5/07 M. 1488 XXXVI. El hecho de que el rubro se origine en un convenio colectivo no priva al órgano jurisdiccional de la posibilidad de analizarlo en su legitimidad porque la disponibilidad colectiva no puede avanzar sobre garantías consagradas por la CN y por los Tratados Internacionales. (Del voto de la Dra. González, en la que deja a salvo esta postura minoritaria y termina adhiriendo, por razones de economía procesal al criterio de los Dres. Maza y Pirolo). Sala II, S.D. 97.778 del 19/03/2010 Expte. N° 33.040/2008 “Zunino Héctor René y otros c/Telefónica de Argentina SA s/diferencias de salarios”. (G.-M.).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 55 4 Ius variandi. Cambio de tareas. Trabajador convencionado de la AFIP Administración General de Aduanas. Violación del principio. La AFIP, Administración General de Aduanas, debe resarcir los daños y perjuicios –incluyendo el daño moral- ocasionados al trabajador a quien destituyera de su cargo de Jefe de Departamento de Drogas Peligrosas, imputándosele un delito que diera origen a una causa penal en la cual resultara finalmente sobreseído. El organismo empleador no podía violar el ius variandi, tal como está previsto en la L.C.T., por tratarse de un dependiente convencionado que queda aprehendido en dicho régimen legal. No está habilitado a cambiar arbitrariamente las funciones del trabajador, siendo que ello le signifique una degradación personal y profesional, la cual implica, pasar a depender de personas con menor jerarquía y antigüedad en la Institución. Sala VII, S.D. 42.554 del 31/03/2010 Expte. N° 3.755/07 “Isola Juan José c/Administración Federal de Ingresos Públicos Administración Generla de Aduanas s/daños y perjuicios”. (F.-RB.).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 43 Fallecimiento del empleado. Indemnización. Art. 248 LCT. Interpretación del plenario “Kaufman”. El plenario N° 280 del 12/08/92 en los autos “Kaufman, José Luis c/Frigorífico y Matadero Argentino SA” efectúa una remisión normativa al art. 38 de la ley 18.037. Ahora bien, tanto porque dicho artículo ha sido derogado como por entender referida la remisión del art. 248 L.C.T. al art. 53 de la ley 25.241, no cabe duda que en la actualidad no existe orden de prelación alguno entre los distintos derechohabientes beneficiarios de la indemnización prevista por el art. 248 L.C.T., con la salvedad de las exclusiones o concurrencias previstas en relación a la figura de la concubina. Corolario de lo expuesto es que a los efectos del mencionado plenario, dictado antes de la sanción de la ley 24.241 pero aún de aplicación, sólo puede extenderse ante la “sola acreditación del vínculo…sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión”, pero no en un orden de prelación que la norma actual no contiene. Sala II, S.D. 97.756 del 12/03/2010 Expte. N° 16.706/07 “Dador SA c/Iaquinta, Silvia Mercedes y otros s/consignación”. (G.-M.).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 41 bis. Ex empresas del Estado. Telefónica de Argentina. Obligación de emitir Bonos art. 29 ley 23696. Prescripción. En virtud de lo resuelto por la CSJN in re “Gentini, Jorge y otros c/ Estado Nacional” (12/8/09) cabe considerar que “… el vicio que exhibe el art. 4 del decreto 395/92 conlleva a su descalificación constitucional por haber determinado la vulneración del derecho que los actores invocan como sustento de su pretensión resarcitoria y que encuentra su fuente en la propia ley fundamental. De ahí que el reclamo de los daños y perjuicios experimentados deba ser considerado procedente…”. Como los bonos de participación en las ganancias del art. 29 ley 23696 están directamente vinculados al contrato de trabajo, que constituye la causa fuente del derecho a ellos, corresponde se aplique para el cobro derivado de los mismos, el plazo de prescripción establecido por el art. 256 L.C.T.. Sala I Expte n° 22468/00 sent. 85826 17/3/10 “Almirón, Oscar y otros c/ Telefónica de Argentina SA s/ part. acc. obrero” (V. Pi).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 33 17Despido. Acto discriminatorio. Prueba. Corresponde a quien invoca la discriminación probar acabadamente las condiciones en las que el motivo discriminatorio pueda considerarse altamente probable, y a partir de ese punto, al imputado incumbirá acreditar que su decisión fue un caso excepcional dentro de la regla genérica de la probabilidad. En estos casos, que pueden calificarse como casos de “prueba difícil”, resulta aplicable la doctrina de las pruebas dinámicas, que no implica invertir la regla que, en materia de cargas probatorias, establece el art. 377 del CPCCN, sino sólo reconocer especial relevancia a los indicios, y en especial, a la conducta que -en materia procesal- despliegue la demandada en el proceso (conf. art. 163, quinto párrafo, CPCCN). (Del voto del Dr. Guisado). Sala IV, S.D. 94.581 del 19/03/2010 Expte. N° 33.007/2007 “Olguín Pedro Marcelo c/Rutas del Sur SA s/acción de amparo”. (Gui.-Ferreirós-Zas).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 33 17 Despido. Acto discriminatorio. Desafiliación de un sindicato para afiliarse a otro. Discriminación en razón de la “opinión gremial”. Condena. La consecuencia jurídica de un despido discriminatorio no puede ser otra que su nulidad, esto es, que debe ser dejado sin efecto. Por ello no sólo deben pagarse los salarios caídos hasta el despido discriminatorio, sino que debe dejarse sin efecto dicho despido habido y condenar a la demandada a reinstalar en las mismas condiciones en que se encontraba al trabajador, en el puesto de trabajo, además de abonársele una suma en concepto de daño moral. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría). Sala IV, S.D. 94.581 del 19/03/2010 Expte. N° 33.007/2007 “Olguín Pedro Marcelo c/Rutas del Sur SA s/acción de amparo”. (Gui.-Ferreirós.Zas).


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