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Buenos Aires, Miércoles 03 de Junio de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19656

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SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: OFICINA DE JURISPRUDENCIA: BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA - DICIEMBRE 2009 -
DERECHO DEL TRABAJO D.T. 39. Enfermeras. Cuidadoras de personas a domicilio. Del análisis de los arts. 4 y 5 de la L.C.T. no se colige que solo un empresario pueda ser reputado “empleador” en la sistemática de la ley, ya que puede una persona física que no es titular de una empresa -entendida ésta como una organización de medios materiales, personales e inmateriales-contratar a un trabajador y tampoco es necesario que haya fin lucrativo. La relación de una trabajadora doméstica con el dueño de casa es una relación laboral -subordinada y dependiente- y la circunstancia de que tal actividad se encuentre regida por normas estatutarias que excluyen la aplicación de la ley laboral básica, no convierte a aquélla en una trabajadora autónoma o independiente. Frente a ello, el argumento dirigido a excluir del ámbito de protección al trabajo prestado por una enfermera que se desempeña en el domicilio del paciente por el mero hecho de no poder reputarse empresario al empleador, deviene inadecuado. (Del voto de la Dra González, en minoría. No obstante, por razones de economía procesal, adhiere al criterio mayoritario). Sala II Expte n° 676/07 S.D. 97520 del 17/12/09 “Pereira, Martina c/ Picardo de Ceva s/ despido” (P.-G.)


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 41 bis Ex empresas del Estado. YPF. PPP. Deudas consolidadas por la ley 25.344. Créditos reconocidos en sede judicial o administrativa. Diferencia. Anterioridad o posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los bonos PR 13 creados por ley 25344, art. 64, tienen una notable diferencia de cotización por las condiciones de su emisión, lo cual implica que su venta -que la Corte Suprema de Justicia consideró posible en caso de urgencia-, supone una evidente restricción a la sustancia del derecho. Y aún sin considerar esa diferenciación, la ley establece un sacrificio mayor que el previsto en la ley 25.344, dado que supone una postergación de 8 años más en el plazo de pago. La crisis financiera internacional ahondó aún más el perjuicio derivado de la aplicación de esta norma por un problema de cotización en el mercado. Sala VIII, S.D. 36.737 del 09/12/2009 Expte. N° 3.122/1998 “Ramírez Jara Marcelino c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (M.-C.-V.).


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: OFICINA DE JURISPRUDENCIA: BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA - DICIEMBRE 2009 -
DERECHO DEL TRABAJO D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. Exclusión del programa de propiedad participada a las empresas de telefonía. Inconstitucionalidad del art. 4 del decreto N° 395/92. De conformidad con lo dispuesto en el fallo de la CSJN in re “Gentini, Jorge Mario y otros c/Estado Nacional –Ministerio de Trabajo y Seguridad” del 12/08/2008, cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 4 del decreto N° 395/92 por excluir expresamente del programa de propiedad participada a las empresas de telefonía. Sala IV, S.D. 94.473 del 28/12/2009 Expte. N° 26.093/2007 “Troyano Luciano y otros c/Telecom Argentina SA y otro s/diferencias de salarios”. (Gui.-Zas).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 21: Empleados de Comercio. C.C.T. 130/75. Aporte por retiro complementario. Procedencia. El sistema por el que se creó el aporte de retiro complementario incorporado al C.C.T. 130/75 es fruto de una comisión negociadora paritaria, homologada por el Ministerio de Trabajo y que forma parte de la CCT citada. La empresa demandada debió manifestar su disconformidad con tal sistema oportunamente, cuestionando la representación del sector empresarial que lo concertó, pero si no lo hizo mal pudo cuestionar a posteriori una norma que contribuyó a crear. Sala VI Expte n° 30982/07 S.I. 31980 del 30/12/09 « Federación Argentina de Empleados de Comercio y Serrvicios c/ Dayspring SRL s/ cobro de aportes » (F.-F.M.).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 33 17 Despido. Acto discriminatorio. Discriminación a favor de un trabajador por su mayor eficacia y laboriosidad. Prevención de actuar en forma nociva y discriminatoria. Nada limita la posibilidad de bien discriminar en base a una “…mayor eficacia, laboriosidad o contracción a su tareas por parte del trabajador”, en base a principios del bien común y reconociendo que sus cualidades laborales merecen ser especialmente retribuidas, tanto por razones de equidad hacia el dependiente diligente como en honor al mejor desenvolvimiento de la empresa, fuente del empleo y ámbito en el que los trabajadores desenvuelven sus aptitudes y capacidades. Empero, es deber judicial controlar, a pedido de parte, que la facultad de premiar a los mejores trabajadores no vulnere directa ni indirectamente la garantía constitucional básica ni que esconda un actuar nocivamente discriminatorio. Sala II, S.D. 97.502 del 15/12/2009 Expte. N° 37.229/2007 “Pollitzer, David Gabriel Alfredo c/First Source Solutions SA y otro s/despido”. (M.-P.).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 27 23 Contrato de trabajo. Irrenunciabilidad. Acuerdo ante el SECLO nulo por vicio en la voluntad de la trabajadora. Asesora contratada por la empleadora para la actora. Si en un acuerdo conciliatorio o transaccional la actora no ha sido asistida por una representación letrada elegida por ella, no puede afirmarse que se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, tal como dispone expresamente el art. 15 de la L.C.T.. El hecho de que su empleadora contrate y pague una asesora propia para representar a la trabajadora, ante el estado de necesidad de ésta y “miedo” de no poder llevar a cabo el acuerdo, puede conducir a decisiones que conforman actos teñidos de vicios, según las circunstancias de lugar, tiempo y persona. En un “acuerdo” de esta naturaleza sobrevuela la ruptura del principio de buena fe y debe considerarse nulo el convenio por haber incurrido la demandada en un daño, conforme lo expresado en los arts. 931 y 932 del Código Civil. Sala VII, S.D. 42.370 del 21/12/2009 Expte. N° 22.682/08 “García, Patricia c/Orígenes AFJP SA s/despido”. (F.-RB.).


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DERECHO DEL TRABAJO D.T. 18. Certificado de trabajo. Art. 80 L.C.T.. Multa. Improcedencia . No procede la imposición de la multa establecida por el art. 80 L.C.T. al empleador, cuando éste puso a disposición del trabajador los certificados correspondientes y el dependiente no acreditó haber concurrido a la empresa a retirarlos y que los mismos le hubieran sido negados. Sala IX Expte n° 17064/08 S.D. 16043 del 29/12/09 « Suárez, Walter c/ Fundación IAG del Instituto Argentino de Gastronomía s/ despido” (F.-B.)


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: OFICINA DE JURISPRUDENCIA: BOLETÍN MENSUAL - DICIEMBRE 2009 -
DERECHO DEL TRABAJO D.T. 13 Asociaciones profesionales de trabajadores. Aeronavegantes. Acto eleccionario irregular. La motivación principal y determinante de la resolución 1212/09 del Ministerio de Trabajo, que la Sra. Juez de Primera Instancia declaró nula, se reduce a las siguientes dos causas: a) la supuesta expiración del mandato de la LISTA CELESTE el 6 de diciembre de 2009 y b) la alegada acefalía de la organización gremial respecto de su comisión directiva, ambas inexistentes. Respecto de la expiración del mandato, ello no pudo ocurrir en razón de que la Lista Celeste nunca pudo iniciar su mandato, en tanto que la falsedad de la segunda causa resulta manifiesta si se tiene en cuenta que, por disposición expresa de la Jueza de grado, los integrantes de la LISTA CELESTE declarada vencedora en las elecciones de 2006 debían ser puestos en sus cargos por el propio Ministerio. La autoridad administrativa no tenía más que cumplir la orden judicial y poner en funciones a los integrantes de la LISTA CELESTE declarada ganadora en las elecciones de 2006. La intervención del Ministerio de Trabajo en el ámbito de las organizaciones gremiales debe ser decidida con suma prudencia. Sala IV, S.D. 94.469 del 22/12/2009 Expte. N° 43.930/2009 “Lista Celeste Asociación Argentina Aeronavegantes c/Junta electoral Asociación Argentina de Aeronavegantes y otro s/medida cautelar”. (Gui.-Ferreirós-Zas).


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: OFICINA DE JURISPRUDENCIA: BOLETÍN MENSUAL - DICIEMBRE 2009 -
DERECHO DEL TRABAJO D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Enfermedades indemnizables. El esquema de “numerus clausus” contenido en la ley 24557 con anterioridad al decreto 1278/2000 fue modificado por dicho decreto el que, en sustitución del apartado 2 del original art. 6 de la citada ley, introdujo una previsión que permite calificar de enfermedad profesional a “(…) aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo” (ap. 2.b.). Cabe entender que son enfermedades profesionales, además de las incluidas en el mencionado listado, las que han sido motivadas por el trabajo, con la salvedad de que, respecto de aquellas en cuyo origen o agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley 24.557 se limita a la proporción imputable al trabajo. En otras palabras, la modificación introducida por el referido decreto 1278/2000 importa, en el aspecto en consideración, volver al esquema establecido por la derogada ley 24.028 en su art. 2, tercer párrafo. Sala IV, S.D. 94.464 del 11/12/2009 Expte. N° 11.429/2005 “Tolaba Justiniano c/Dichaza SA y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-Zas).


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: OFICINA DE JURISPRUDENCIA: BOLETÍN MENSUAL - - NOVIEMBRE 2009 -
FISCALIA GENERAL Proc. 32 Ejecución de créditos. Ejecución fiscal. Régimen de consolidación de deudas. Opción en efectivo. Plazo para el cobro. La consolidación de las obligaciones alcanzadas por el art. 13 de la ley 25.344, opera de pleno derecho después del reconocimiento firme de la deuda en sede judicial o administrativa. El acreedor tiene derecho, según la misma ley establece: a exigir el pago en efectivo en los plazos fijados por la norma o la entrega de los bonos que correspondieren. Si se opta por el pago en efectivo, la intimación tendiente a que el Estado Nacional previsione las sumas consolidadas para el ejercicio del año en curso o el siguiente no puede ser favorablemente receptada, pues ello no se ajustaría a las claras prescripciones que imponen los arts. 14 de la ley 25.344 y 10 y 11 del decreto 1116/00; las cuales resultan categóricas en cuanto a los plazos de cancelación para las deudas cuyos acreedores opten por percibirlas en efectivo. F.G. Dictamen N° 48.881 del 08/09/2009 Sala X Expte. N° 27.070/2004 “Francisco Hugo y otro c/Ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos s/Part. Accionariado Obrero”. (Dra. Prieto). (Criterio adoptado por la Sala X, S.I. 16.711 del 30/09/2009).


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