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Buenos Aires, Viernes 23 de Octubre de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19753

Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - JURISPRUDENCIA
“…la legitimación es la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz, inferida en su posición respecto del acto, y se diferencia de la capacidad en que ésta expresa una aptitud intrínseca del sujeto, mientras que aquélla se refiere directamente a la relación jurídica y, sólo a través de ella, a los sujetos.” “…la teoría de la representación, como fundamento de la improcedencia de la defensa en análisis; es un instituto jurídico según el cual una persona puede actuar en nombre y en interés de otra, y a ésta se le atribuyen los efectos de los actos jurídicos que realiza la primera, es decir que los efectos derivados del negocio jurídico realizado por el representante no recaen sobre él sino que son imputados directamente al sujeto titular del interés.” Sumario: Contrato de Compraventa de Acciones: Intervinientes – Carácter. Representante Legal – Derecho Propio – Teoría de la Representación. Legitimación. Una de las partes del Contrato firmó por sí y no por la Sociedad que aún no se había constituido. Art. 58 de la L.S.: Inaplicable.


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 317 Y 318 Diciembre’2011 Y Febrero 2012 Recurso de hecho deducido por la actora en la causa “Nazareno, Diego Martín c/ Comisión Nacional de Comunicaciones”, (con dictamen de la Proc. Gral. y aclaratoria), en el que se resolvió hacer lugar a la queja y al recurso extraordinario deducido, dejándose sin efecto la sentencia. Basándose en el Dictamen de la Procuración, se estableció que «si bien las objeciones a las sentencias, relativas a la aplicación de normas de derecho común y procesal, y la apreciación que efectúan de las cuestiones de hecho y prueba son ajenas, por principio, al recurso extraordinario, cabe admitir su procedencia en aquellos supuestos donde el acto jurisdiccional carece de los requisitos mínimos que lo sustenten válidamente como tal, en razón de arbitrariedad manifiesta» (en el caso se omitió dar tratamiento a diversas probanzas aportadas en la causa, a fin de determinar si la auténtica relación laboral existente lo fue entre la Facultad de Derecho de la UBA y el actor - a través del Convenio de Asistencia Técnica suscripto por la CNC y la UBA - o, como se admitió en primera instancia, que encubrió un vínculo laboral fraudulento entre aquél y la CNC.).


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 318 Febrero 2012 DERECHO DEL TRABAJO


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 318 Febrero 2012 DERECHO DEL TRABAJO D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 80 L.C.T.. Certificación de servicios. Formulario de la Anses (PS 6.2). Una de las obligaciones previstas para el empleador en el art. 80 L.C.T., una vez extinguido el contrato de trabajo, es la de hacerle entrega al trabajador la certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24.241, que se expide en un formulario de la Anses (PS 6.2), en el que se vuelcan datos similares aunque no del todo coincidentes con los que exige el referido art. 80, pues en dicho formulario se deja constancia de la remuneración mensual sujeta a pagos previsionales de los últimos diez años. Asimismo exige una constancia documentada de aportes en la que deben constar todos los aportes efectuados por el empleador durante la vigencia del vínculo laboral. No se encuentra instrumentada en formulario alguno y puede considerarse cumplimentada con la entrega de las boletas de pago de cargas sociales certificadas por banco, escribano, etc., es por ello que no resulta suficiente la sola entrega del precitado formulario PS 6.2 de la Anses. Sala V, Expte. N° 19.128/2010 Sent. Def. N° 73873 del 23/02/2012 «C.,R.E.M.c/M.AFJP SA s/indem. art. 80 LCT ley 25.345”. (Zas-García Margalejo).


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 317 - Diciembre’2011 PROCEDIMIENTO Proc. 68 c) Prueba. Apreciación. Facultad del juzgador. El juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que –a su juicio- no sean decisivos. Sala VII, Expte Nº 14.572/2008 Sent. Def. Nº 44038 del 29/12/2011 “UPCN c/ S.N.S.yC. A.s/Cobro de apor. o contrib.” (Rodriguez Brunengo – Fontana).


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 317 - Diciembre’2011 PROCEDIMIENTO Proc. 46 Honorarios profesionales. Regulación. Ley arancelaria. La regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancelarias, sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluados por los jueces, y entre los que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso. Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria, aún del mínimo establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria ni con los intereses involucrados en el caso, ni con los parámetros del mercado de trabajo en general. Sala V, Expte Nº 26529/10 Sent. Def. Nº 73709 del 19/12/2011 “R.E. I.c/ F.D.J.s/ Despido”. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría)


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 317 -Diciembre’2011 DERECHO DEL TRABAJO PROCEDIMIENTO Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Contratados por el Estado en forma irregular. Competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la rescisión de un contrato irregular de un empleado público. Para el caso de empleados cuyos contratos no resultan válidos por no superar el test de legalidad, que constituye el límite de la discrecionalidad estatal en materia de contrataciones de personal, no corresponde la aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en la causa “Leroux de Emede, Patricia c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (30/4/91), sino la que emerge de los precedentes “Deutsch”, “Zacarías” y “Bolardi” que son los que mejor permiten interpretar la doctrina del Alto Tribunal en materia de personal contratado del Estado, a la luz de las garantías de la C.N.. Si bien es cierto que los contratados en infracción a los límites legales podrían tener derecho a ser incluidos en el régimen de empleo público, y a que se les aplicara el régimen de estabilidad absoluta que constitucionalmente se prevé para dicho ámbito, lo cierto es que si el empleado afectado por dicha irregularidad, cuya vinculación ha sido rescindida, solicita amparo jurisdiccional ante la Justicia del Trabajo, correspondería hacer aplicación del régimen de protección contra el despido arbitrario previsto en el régimen común, es decir cabría declarar la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo. Sala III, Expte. N° 28.766/11 Sent. Int. N° 62188 del 22/12/2011 « G.E.L.c/E.N.M.P.F.s/despido”. (Cañal-Rodríguez Brunengo).


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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN PROSECRETARÍA GENERAL: OFICINA DE JURISPRUDENCIA Boletín Mensual de Jurisprudencia Nº 317 -Diciembre’2011 DERECHO DEL TRABAJO D.T. 92 Trabajo Marítimo. Excepción de incumplimiento. mprocedencia. Art. 1201 Cód. Civil. El art. 1201 C.C. prevé que “en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo”. Resulta evidente que la excepción de incumplimiento sólo es aplicable en el marco de un contrato bilateral (entre trabajador y empleador) y la abstención del cumplimiento del débito comprometido resulta legítima en la medida en que medie un incumplimiento de la contraparte, vinculado con las obligaciones resultantes del contrato que los vincula. En el caso no se encuentran reunidos los requisitos legales para su aplicación en cuanto el acto de retención no se vinculó a las diferencias salariales que posteriormente reclamó el actor, sino a un reclamo colectivo o, al menos, plurindividual, destinado a obtener mejoras en las condiciones de trabajo. Sala II, Expte Nº 35.217/2007 Sent. Def. 99.995 del 15/12/2011 “G.M.O.c/A.S.A. y otro s/ Despido”. (Maza - Pirolo)


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