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Buenos Aires, Miércoles 03 de Junio de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19656

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SINTESIS DOCTRINARIA LABORAL
D.T. 13 6 Asociaciones profesionales de trabajadores. Ley 23.551. Tutela sindical. Federación con personería gremial. Consejero suplente del órgano deliberativo. El consejero suplente del órgano deliberativo de una federación con personería gremial que accede al cargo en representación de una entidad de primer grado simplemente inscripta y que la integra, debe considerarse comprendido en la garantía de estabilidad a la que aluden los arts. 48 y 52 de la ley 23.551. Ello así, toda vez que debe tenerse en cuenta la doctrina que inspirara el Fallo Plenario N° 135 recaído el 16/07/1970 en los autos “Monteiro José c/Gilera SA”, porque el art. 48 de la ley 23.551, presenta una descripción muy amplia de los sujetos protegidos al aludir a los trabajadores que ocupan “cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial”, y la expresión gramática no permite interpretaciones limitativas.


JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
CAUSA: Verón Nora Noemí c/ Indumentarias Famel S.A. y otros Sumario: Embargo Preventivo: Pedido por Falta de Pago de Cargas Sociales. Empleador: Argumentación: Para No Interrumpir el Pago de Sueldos – Ni Suspensiones ni Despidos. La Sala Confirma la Sentencia de Rechazo del Pedido de Embargo. “…no puede tenerse por demostrado que la demandada tenga una actitud tendiente a agravar su situación financiera ya que la peticionante debe acreditar al menos sumariamente la existencia de un riesgo de insolvencia que justifique la medida solicitada.”


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
- BOLETIN MENSUAL ABRIL 2009- Proc. 46 Honorarios por actuaciones en sede administrativa. Tratándose de actuaciones en sede administrativa, a los fines de la regulación de honorarios, debe ponderarse la naturaleza del proceso de que se trata y las etapas respectivas, ya que de lo contrario podría llegarse al absurdo de retribuir en mayor medida las gestiones administrativas que las realizadas en sede judicial (conf. CNCiv., Sala F, 22/04/92, “López Castell, Jorge A. c/Almagro Construcciones SA”, LL 1993-A-583). En el mismo sentido, cabe señalar que, en principio, las actuaciones administrativas no contenciosas y breves no guardan paralelismo con las actividades judiciales propias del proceso de conocimiento, por lo que, salvo situaciones excepcionales, es exagerado asimilar el honorario devengado en ellas con el correspondiente al juicio ordinario. Sala V, S.I. 25.440 del 14/04/2009 Expte. N° 12.001/06 “Barros Marcelo Darío c/Falabella SA y otro s/despido”.


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
- BOLETIN MENSUAL ABRIL 2009- Proc. 46 Honorarios por actuaciones en sede administrativa. Tratándose de actuaciones en sede administrativa, a los fines de la regulación de honorarios, debe ponderarse la naturaleza del proceso de que se trata y las etapas respectivas, ya que de lo contrario podría llegarse al absurdo de retribuir en mayor medida las gestiones administrativas que las realizadas en sede judicial (conf. CNCiv., Sala F, 22/04/92, “López Castell, Jorge A. c/Almagro Construcciones SA”, LL 1993-A-583). En el mismo sentido, cabe señalar que, en principio, las actuaciones administrativas no contenciosas y breves no guardan paralelismo con las actividades judiciales propias del proceso de conocimiento, por lo que, salvo situaciones excepcionales, es exagerado asimilar el honorario devengado en ellas con el correspondiente al juicio ordinario. Sala V, S.I. 25.440 del 14/04/2009 Expte. N° 12.001/06 “Barros Marcelo Darío c/Falabella SA y otro s/despido”.


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - BOLETIN MENSUAL ABRIL 2009-
PROCEDIMIENTO Proc. 22 Conciliación. Homologación en los términos del art. 704 Cód. Civil por renuncia a reclamar al codemandado solidario. No se verifica violación alguna a normas de orden público en el análisis de un acuerdo conciliatorio por el cual las partes, con intención de poner fin a un proceso tendiente a extender solidariamente la condena recaída en otra causa al tercero adquirente del establecimiento en los términos de los arts. 225 y 228 L.C.T., pusieron fin a la contienda mediante el reconocimiento de una suma de dinero a favor de la actora, renunciando esta última a hacer efectiva la responsabilidad solidaria del tercero adquirente del establecimiento. Dicha transacción involucra una dispensa de solidaridad en los términos del art. 704 del Cód. Civil, en función de la cual el tercero adquirente queda liberado de la responsabilidad que se le imputó en la pretensión de extensión de responsabilidad deducida por la accionante. De modo que corresponde homologar dicho acuerdo y dar por concluído el proceso, sin que ello implique emitir pronunciamiento sobre lo que pudiera acontecer en los autos principales donde tramita la ejecución contra el ex empleador anterior titular del establecimiento. Sala II, S.I. 57.595 del 27/04/2009 Expte. N° 32.755/2008 “Alcaraz, Beatriz Liliana c/Casaa Maneiro Carlos s/extensión resp. solidaria”.


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - OFICINA DE JURISPRUDENCIA
A B R I L ‘ 2 0 0 9 DERECHO DEL TRABAJO D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Cadete de empresa periodística. El trabajador que se desempeñó como cadete en una empresa periodística, se encuentra alcanzado por el estatuto del personal administrativo de empresas periodísticas decreto ley 13.839/46 y la ley 12.908. Así, el artículo 2 del decreto-ley 13.839/46 dispone que se considera empleado administrativo a toda persona que preste servicios en forma regular en publicaciones, diarias o periódicas, agencias noticiosas, empresas radiotelefónicas, cinematográficas, fílmicas o de televisión, que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, únicamente con respecto al personal ocupado en esas tareas. Comprende al personal que cumple las funciones en los siguientes departamentos o secciones: publicidad o avisos, contaduría, circulación, expedición e intendencia. A su vez, en el último párrafo excluye al personal comprendido en la ley 12.908 y a los operarios gráficos de los talleres de impresión, más la categoría de cadete no se encuentra excluida en este último párrafo. Sala III, S.D. 90.858 del 23/04/2009 Expte. N° 22.329/06 “Fernández, Roberto Juan c/El Cronista Comercial SA y otro s/despido”. (G.-P.).


DOMICILIO SOCIAL LA IMPORTANCIA DE LA CERTEZA Y EFECTIVIDAD DE LA SEDE SOCIAL
La Sede Social como uno de los elementos esenciales del Contrato Social o Estatuto, reglamentado en los artículos: 10 inc. 4, 11, inc. 2, 5º, 67, 77, 83, 88, 107, 233, 245, 251, 300 y 301 de la ley 19.550, se refieren precisamente al lugar específico de asiento de la dirección o administración de la sociedad, la importancia de la sede social para la sociedad, sus órganos e integrantes, de las mismas surge claramente que es en la sede social donde la sociedad debe tener efectivamente la administración y dirección de sus negocios y como surge de la Resolución General IGJ Nº 12/2004”aunque el patrimonio o los establecimientos de la entidad se hallen en otro lugar o lugares”.


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - OFICINA DE JURISPRUDENCIA
A B R I L ‘ 2 0 0 9 DERECHO DEL TRABAJO
D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. Telefónica de Argentina. Bonos de participación en las ganancias. Art. 4 dec. 395/92. Inconstitucionalidad decretada por la CSJN. Improcedencia de condena solidaria al Estado Nacional. En el caso, la CSJN declaró la inconstitucionalidad del art. 4 del decreto 395/92 por el cual Telefónica de Argentina no estaría obligada a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, disponiendo la procedencia del reclamo de indemnización de daños y perjuicios efectuado por los actores. A la par dispuso que la CNAT determine la medida y carácter de la responsabilidad de los codemandados: Estado Nacional y Telefónica de Argentina SA. En cuanto a los alcances de las respectivas responsabilidades de los codemandados en la generación de los daños y perjuicios irrogados a los actores al no haber sido cumplida la obligación nacida de la ley 23.696 de emitir los bonos de participación en las ganancias, cabe excluir la posibilidad de una responsabilidad de carácter solidario por parte del Estado Nacional, debiendo condenarse a los codemandados en forma concurrente y por partes iguales al pago de la indemnización de daños y perjuicios reclamada. (Del voto de la Dra. Porta, en minoría). Sala III, S.D. 90.842 del 20/04/2009 Expte. N° 4.490/1999 “Gentini Jorge Mario y otros c/Estado Nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad social y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (P.-G.-Maza).


JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Sumario: Despido: Indemnización. Despido con Causa. Valoración de Prueba Documental. Empleado: Gerente – Personal Jerárquico – Incumplimiento de Normas Internas de la Empresa – Grave Incumplimiento Contractual – Prácticas contrarias a la Moral y Buenas Costumbre. Empleador: Proporcionalidad entre el Incumplimiento y la Sanción. Se confirma Sentencia de Primera Instancia «El contenido del archivo adjunto del e-mail enviado por el actor a su secretaria, calificado por ésta al brindar su testimonio como ‘grotesco y de mal gusto’ se trata de una foto de carácter obsceno que sin lugar a dudas debió provocar en quien lo recibiera los sentimientos que claramente expone en la declaración aludida afectando su dignidad personal, sin que pueda admitirse la justificación pretendida por el actor de que fuera enviado con un ánimo de chanza o diversión.» «No podemos obviar el carácter de personal jerárquico que revestía el actor por sus funciones (gerente) a quien mucho más debe exigírsele el trato decoroso y de respeto para con sus subordinados y esta responsabilidad en ningún momento debió abandonarla.» «Por todo ello considero que la conducta asumida por el trabajador constituye un grave incumplimiento contractual que ha justificado su despido (art. 242 LCT) sin que, a mi modo dever, hubiera cabido la aplicación de una sanción menor con base en las cualidades técnicas que pudiera haber tenido el actor en su función ni en la circunstancia de que éste no contaba con sanciones anteriores durante el lapso laborado -aún cuando éste fuera extenso- toda vez la falta cometida fue de tal entidad que por sí sola justificó la denuncia…» «…corresponde al juzgador valorar la entidad de la injuria invocada como hecho impeditivo de la prosecución del vínculo laboral, valoración esta última que debe realizarla teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, debiendo el hecho, para constituir una justa causa de despido, revestir una magnitud de suficiente importancia como para desplazar de primer plano el principio de conservación del empleo a que hace referencia el artículo 10 de la ley de contrato de trabajo.» AUTOS: “C M J C/ PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. S/ DESPIDO» - Expte. nº 28875.06 FALLO: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo- SENT. DEF.Nº 71503 - SALA V. (Jdo. Nº 33).


SÍNTESIS DOCTRINARIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - OFICINA DE JURISPRUDENCIA
BOLETÍN MENSUAL A B R I L ‘ 2 0 0 9 DERECHO DEL TRABAJO D.T. 41 bis Ex Empresa del Estado. YPF. Bonos de participación en las ganancias. Alcances del art. 13 de la ley 24.145. “Venta” como forma de transferencia. El art. 13 de la ley 24.145 dispone que “exclusivamente” en las ventas previstas en el anexo V de esta ley, YPF S.A. concederá al personal que, al momento de la transferencia se encuentre afectado directamente a cada una de las privatizaciones, hasta el diez por ciento (10%) del producido de la operación de que se trate, de conformidad a las condiciones que se establezcan en la reglamentación respectiva. Estas condiciones son establecidas en el decreto reglamentario 546/93, que en su art. 8 fija aquel beneficio en “el 10% del precio, neto de la contribución prevista en el art. 31 de la ley 23.696, obtenido por la venta de los activos incluidos en el anexo V de la ley 24.145 y para los cuales se adopta exclusivamente esa modalidad de privatización…”. La venta exigida en la reglamentación no puede ser leída en sentido amplio, sino que constituye una de las modalidades de la transferencia prevista en el conjunto de normas aplicables (leyes 23.696, 24.145 y decreto 546/93). Los propios anexos a los que se remiten las normas que reglamentan el beneficio distinguen los procesos de asociación y de venta, aún cuando en este último supuesto se incluye tanto la venta directa como la realizada a través de un proceso de licitación. (Del voto del Dr. Guibourg, en minoría). Sala III, S.D. 90.889 del 30/04/2009 Expte. N° 624/2003 “Romano Rene Eduardo y otros c/YPF SA s/Part. Accionariado Obrero”. (P.-G.-Maza).


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