Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2020-30505526- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680, 24.240, 27.442 y 27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 167 de fecha 11 de marzo de 202, los Decretos Nros. 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, 274 de fecha 17 de abril de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 298 de fecha 19 de marzo de 2020, las Resoluciones Nros. 12 de fecha 15 de febrero de 2016 y 448 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, 101 de fecha 22 de marzo de 2020 y 69 de fecha 22 de junio de 2020, ambas de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; agregando que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Que la Ley Nº 24.240 tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, que define como toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Que bajo este objetivo, la citada Ley regula diversos aspectos de las relaciones de consumo, esto es aquellas que vinculan jurídicamente al proveedor con el consumidor o usuario, precisándose que se integra con las normas generales y especiales aplicables, en particular la Ley Nº 27.442 y el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 o las que en el futuro las reemplacen.

Que, asimismo, la Ley Nº 20.680 comprende todos los procesos económicos referidos a bienes, prestaciones y servicios que satisfacen necesidades básicas para el bienestar de la población, que tiene por objeto prevenir situaciones de desabastecimiento o escasez así como también evitar distorsiones y abusos por parte de los distintos agentes económicos que intervienen en las cadenas de valor.

Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros aspectos, la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros. 20.680, 24.240, con sus modificatorias y del Decreto N° 274/19.

Que, por otro lado, la Ley Nº 27.541, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL diversas facultades, en los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Que dicha delegación tuvo como bases, entre otras, la promoción de la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 sus modificatorios, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 167 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la vigencia del Decreto N° 260/20 extendiendo la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Que al amparo de los Decretos Nros. 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificaciones y prórrogas, fueron dispuestas medidas para restringir el tránsito y reunión de personas en el territorio nacional y de fronteras.

Que tales medidas, en tanto dispusieron esencialmente el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO y el DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO en las diversas zonas geográficas del País dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica, conjuntamente con la prohibición y/o limitación de actividades sociales y económicas así como la utilización de los medios de transporte doméstico e internacional, han tenido un importante impacto en el nivel de la actividad económica, que también resultó afectado por restricciones externas provocadas por similares medidas tomadas por otros Estados.

Que en este contexto, donde el efecto acumulativo de las medidas dispuestas en el plano nacional e internacional ha alterado el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la provisión y prestación habitual de bienes y servicios, se han observado diversas situaciones y recibido múltiples denuncias vinculadas a posibles acaparamientos injustificados de materias primas, negativas de venta de insumos y bienes finales irrazonables así como la discontinuidad en la producción de mercaderías y provisión de servicios sin motivos concretos; asimismo desde diversos sectores y cadenas de valor se han reportado aumentos irrazonables e injustificados de precios de insumos y bienes finales.

Que estas situaciones resultan una amenaza efectiva para la progresiva recuperación económica que se ha emprendido, generando distorsiones y obstáculos que podrían afectar el bienestar de la población.

Que, en tal sentido, resulta esencial para la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR continuar con la implementación de políticas relacionadas con la recuperación de la actividad económica, el fortalecimiento del mercado interno, el sostenimiento y creación de empleo, el incremento de las actividades productivas y comerciales, la defensa de los derechos de los consumidores y la ampliación de la oferta de bienes y servicios.

Que para el satisfactorio cumplimiento de estas metas resulta indefectible contar con información cierta y actualizada que permita identificar y caracterizar las diversas problemáticas de los sectores económicos implicados en la producción, distribución y comercialización de bienes finales e insumos con mayor impacto en la población y la actividad económica del país, previniendo situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales así como la continuidad de servicios asociados a la producción y el comercio, en consonancia con el interés público tutelado en la Ley N° 20.680.

Que, por lo tanto, es indispensable disponer de información relativa a precios de bienes finales e insumos, así como de datos de producción, capacidad instalada utilizada y situaciones de desabastecimiento o escasez, que permita acceder a un conocimiento constante y actualizado de los mismos en sus distintas etapas de producción, distribución y comercialización.

Que, con el objeto de implementar políticas de desarrollo y reactivación productiva y, a la vez, investigar y prevenir las conductas infraccionales reseñadas, el sistema establecido por la presente medida se concentrará en el flujo de información de las empresas de mayor impacto y presencia en el mercado interno que, a su vez, cuentan con las posibilidades técnicas y operativas para brindar la información pertinente.

Que, a tal fin, se tomarán como monto mínimo de ventas en el mercado interno los valores tope de ventas totales fijados por la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que caracteriza la condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad con la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias.

Que, por su parte, la información requerida tendrá el carácter reservado y confidencial, para uso exclusivo de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y será destinada al análisis y desarrollo de políticas públicas orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa citada en el Visto, no afectándose en modo alguno la libre competencia de los distintos actores de la economía argentina, de conformidad con las previsiones del Artículo 2º inciso e) de la Ley Nº 20.680.