- Jurisprudencia - SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 74803 CAUSA NRO. 34.655/2010 - AUTOS: “T.C.A. C/ L.S. S.A. S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL ” - JUZGADO NRO. 15 SALA V En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 13 días del mes de febrero de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: I) La sentencia de fs. 273/275 vta. es apelada por la demandada a tenor del memorial agregado a fs. 277/278 vta., contestado por el actor a fs. 285/286. El perito médico a fs. 279/280 cuestiona por bajos los honorarios regulados a su favor. II) Estimo inatendible el recurso de la demandada por las razones que expondré seguidamente. El primer agravio se limita a manifestar que la sentencia de primera de instancia habría omitido aplicar el tope legal previsto en el art. 14.2.a) de la ley 24.557, pero omite cuestionar la fundada declaración de inconstitucionalidad de esta norma realizada por la magistrada. Más allá de la deserción de este tramo del recurso, la decisión de la jueza de grado encuentra sustento en la doctrina del Supremo Tribunal Federal fijada al dictar sentencia en el caso “A. L. R. c/S.” (A. 374. XLIII, 10/08/2010). Por otra parte, la doctrina precitada ha sido seguida por esta sala para fundar la solución de casos sustancialmente análogos al “sub examine” en los siguientes términos: “…corresponde aplicar por analogía al presente caso, lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: “A. L. R. c/ S. s/ cobro de pesos” del 10/08/2010 (A. 374. XLIII Recurso de Hecho), donde se dispuso declarar inconstitucional el sistema de tope previsto en el art. 8, inc. a, segundo párrafo de la ley 9688, según ley 23.643. Allí, sostuvo el Alto Tribunal que: “…las pautas señaladas en el considerando anterior, tan terminantes y precisas como mínimas respecto del alcance de los derechos del trabajador, determinan que para la solución del sub lite no sea de aplicación el criterio seguido en “Vizzoti”, en el cual, por falta de aquéllas, la “pauta” estuvo regida por la “prudencia” judicial, lo que condujo a censurar el tope legal del salario computable para el cálculo de la indemnización tarifada por despido injustificado sólo cuando imponía una merma superior al 33% de la remuneración del despedido (cit., ps. 3690/3691). Por lo contrario, en la presente causa, ante el carácter de las aludidas referencias normativas, es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado - al cual apuntan los textos transcriptos -, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima. Luego, resulta evidente que si bien el art. 8 de la ley 9688 (según ley 23.643) atendió, como principio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió, a la postre, que