Es oportuno señalar como lo hiciera en aquellas oportunidades que en igual sentido se ha expedido nuestro más alto tribunal al resolver la controversia suscitada en la causa «B., H. O. C/ ANSES s/ cobro de pesos» (sentencia del 29/8/00). Allí se expresó que el CCT 305/98 «E» que se invoca para suprimir antiguas condiciones salariales más beneficiosas para los trabajadores, no debía contradecir de ninguna manera las previsiones de la norma legal que establecía el mantenimiento de las condiciones laborales de aquellos dependientes que habían sido transferidos, dentro de cuyo concepto debe in­cluirse el adicional que origina este reclamo.

Expresó textualmente que el decreto 2284/91 “…fue ratificado por el Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley 24.307 (B.O.: 30.12.93) –la que no pudo ser ignorada por los jueces y las partes- y que, por ende, en tales condiciones fue inmotivadamente preterido en el fallo de la Sala laboral, puesto que su consideración en un plano de igualdad formal con la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo –y en la que proceda con el resto de las normas laborales en debate- se impone, lo reitero, en razón del status legislativo que ha venido a adquirir…”.

En estas condiciones, estimo que por las circunstancias apuntadas, deberá revocarse la sentencia de primera instancia y hacerse lugar a las diferencias salariales reclamadas por el período que va desde el mes de junio de 2007 y hasta la fecha de la presente sentencia, pues esta Sala ha sostenido, con criterio que comparto, que no resulta procedente una «condena a futuro» como lo pretenden los actores en su presentación inicial porque el art. 331 CPCCN faculta a los tribunales para reconocer el derecho y exigir el cumplimiento de las obligaciones hasta el dictado de la sentencia pero no avala la condena en derechos que aún no se han devengado.

III)- En síntesis, de suscitar adhesión mi voto, deberá revocarse la sentencia de primera instancia y hacerse lugar a las diferencias salariales reclamadas a partir de junio de 2007 y hasta la fecha del presente pronunciamiento. El cálculo de lo que en definitiva les corresponderá percibir a cada uno de los actores deberá ser efectuado en la etapa procesal prevista por el art. 132 L.O., para lo cual la perita contadora designada en autos realizará los cálculos necesarios a tal fin, teniendo en cuenta el adicional por antigüedad correspondiente a cada uno de los coactores por los períodos reclamados. Sobre dichas sumas se calcularán intereses desde que cada una es debida y hasta el momento del efectivo pago a latasa activa promedio fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según cálculo que difunde la Prosecretaría General de la C.N.A.T.

IV)- De prosperar mi voto, y de acuerdo a lo establecido por el art. 279 CPCCN, deberá dejarse sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios en la instancia anterior para ajustarlo al nuevo resultado del pleito, tornándose abstracto el tratamiento de los recursos y agravios vertidos al respecto.
Así, las primeras en ambas instancias deberán declararse a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y en cuanto a los honorarios propongo que su determinación se posponga hasta tanto se determine el monto total de condena conforme los cálculos que efectuará la perita contadora.
EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

2) Hacer lugar a las diferencias salariales reclamadas desde el mes de JUNIO DE 2007 y hasta la fecha de la presente sentencia, condenando a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) a abonar a los coactores , mediante depósito judicial, dentro del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación que a tal efecto practicará en la ocasión prevista en el artículo 132 de la L.O. la perita contadora designada en autos;

3) Dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios en primera instancia, imponer las primeras en ambas instancias a cargo de la parte demandada y posponer la regulación de los honorarios hasta tanto se determine el monto definitivo de condena en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O. Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Sra. Jueza María C. García Margalejo no vota por encontrarse en uso de licencia (art.109, RJN).
MMV
Oscar Zas Enrique N. Arias Gibert
Juez de Cámara Juez de Cámara