Repárese que están presentes los presupuestos nece­sarios de la institución de la cosa juzgada: la existencia de una sentencia judicial firme que resolvió la controversia entre las mismas partes, por el mismo objeto y causa (triple identidad) y por el principio de segu­ridad jurídica corresponde su aplicación de oficio, por existir una innegable vinculación entre la contienda suscitada en el presente y la en la aludida causa nº 4.954/00, de cuyo cotejo se advierte que sólo difieren los períodos reclamados, pero que se trata de idénticos rubros salariales correspondientes a los mismos trabajadores y pretendidos contra la misma empleadora.

Por otra parte, observo que los argumentos defensivos esbozados por la demandada en estas actuaciones fueron similares a los vertidos en aquélla, habiendo sido objeto de expreso tratamiento y decisión en dicha oportunidad, habiendo sentado criterio definitivo la juzgadora en cuanto al derecho de los demandantes a las diferencias que emergerían de las normas que allí se interpretan y que son las mismas que las que motivan esta nueva demanda que concierne a un lapso posterior.

En tal contexto resulta inequívoco que se configura un típico supuesto de cosa juzgada en relación al derecho de los demandantes a las diferencias que les corresponden cada vez que se da la misma situación de hecho y la normativa regulatoria ha permanecido inalterada –no invocó la recurrente lo contrario-, por lo que resulta inadmisible un nuevo estudio de la faceta jurídica de la cuestión en tanto el fallo anterior resulta vinculante, como lo es en aquellos casos en que se reclaman períodos sucesivos en virtud de una interpretación judicial inicial y ceñida a una etapa anterior.

Por lo demás, cabe considerar que la sentencia dictada en dicha causa –que se proyecta sobre la suerte de este litigio– luce razonable y, se ajusta, asimismo, a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia del 29/08/2000 in re “Brindesi Henry c/ A.N.Se.S.”, publicada en Fallos 323:2245) y de esta misma Sala (“Bachmann, Mario Francisco y otros c/ ANSES”, sentencia definitiva nº 65.864 del 21-8-2002; “Gangi, Ana María y otros c/ ANSES”, sentencia definitiva nº 66.015 del 8-10-2002; “Perrota, Beatriz y otro c/ Administración Nacional de Seguridad Social s/ Cobro de salarios”, sentencia definitiva nº 67.935 del 17-11-2005 y Hernández, Vilma Zunilda c/ Administración Nacional de la Seguridad Social A.N.S.E.S. s/ Diferencias de salarios, sentencia definitiva Nº 70053 del 26-09-2007, entre otros) en los que se dijo que debe ponerse el acento en los términos en que se plasmara el traspaso de los trabajadores en el marco del art. 100 del decreto 2.284/91 en tanto dispuso que el “personal perteneciente a las cajas de asignaciones y subsidios familiares y del Instituto Nacional de Previsión, mantendrá las mismas condiciones laborales…”. Ese precepto cierra la suerte del reclamo de los adicionales aquí en juego. También se hizo mérito en dichos precedentes, de lo dispuesto por la C.S.J.N. en autos “Brindesi, Henry O. c/ ANSES s/ cobro de pesos” (sentencia del 29-8-2000) al expresar que el C.C.T. 305/98 “E” que se invoca para suprimir antiguas condiciones salariales más beneficiosas para los trabajadores, no debía contradecir de ninguna manera las previsiones de la norma legal que establecía el mantenimiento de las condiciones laborales de aquellos dependientes que habían sido transferidos, dentro de cuyo concepto deben incluirse los adicionales que originan este reclamo.

Como consecuencia de todo lo expuesto propongo que se confirme la sentencia apelada en cuanto admite las diferen­cias por el período reclamado –junio y setiembre 2006- y hasta el dictado de la sentencia de grado. Aclaro en este punto que no se observa en el fallo apelado condena a futuro de rubro alguno, por lo que el planteo formulado por la apelante a fs. 150vta. y ss resulta abstracto.

III. En cuanto a los intereses que llegan cuestionados por la recurrente, quien pretende que se aplique la tasa pasiva, considero que corresponde aplicar la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difunde la Prosecretaría Gral. de esta Cámara –conf. art. 622 C. Civil y Acta C.N.A.T. nº 2357 del 7 de mayo de 2002 texto sustituido por Resolución de Cámara nº 8 del 30-5-2002-) que opera como una especie de plenario virtual en este fuero del trabajo.

VI. No hallando mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota plasmado en el artículo 68 del C.P.C.C.N., propongo mantener la imposición de costas.

VII. Atento el resultado obtenido por la recurrente, propongo imponer las costas de alzada también a su cargo (art. 68 cit.) y regular a los letrados intervinientes en esta etapa el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede,
el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Modificar parcialmente el fallo apelado y disponer que se apliquen intereses en la forma establecida en el punto III del primer voto del presente acuerdo;

2) Confirmar en lo demás el decisorio apelado;
3) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada vencida y regular los honorarios de los letrados intervinientes en este etapa en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

4) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Sra. Jueza María C. García Margalejo no vota por encontrarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
MLF

Oscar zas Enrique Néstor Arias Gibert
Juez de Cámara Juez de Cámara