LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

La IGJ establece controles sobre asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro y personas expuestas políticamente

Las medidas apuntan a establecer procedimientos y controles para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Resolución IGJ (G) Nº 2/2012 del organismo dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establece que, a partir del 1 de marzo de 2012, será obligatorio cumplir con el trámite de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que, al momento de la constitución o con posterioridad, reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los 100 mil pesos, o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, en un período de 30 días.

El trámite deberá realizarse al momento de solicitar autorización para funcionar y con cada presentación de estados contables.

En los casos que la cifra supere los 200 mil pesos, se deberá presentar además la documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos.

A su vez, la medida establece la obligatoriedad de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente -incluida en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011- “por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones”.

Tal declaración jurada deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la sociedad, la autorización para funcionar o con cada cambio de autoridades.

Sociedades de capitalización y ahorro

En tanto, la Resolución IGJ (G) Nº 1/2012 dispone para estas sociedades la obligatoriedad de presentar anualmente una declaración jurada de información “sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. La medida se hará efectiva a parir del 1 de marzo próximo.

Importantes avances en la actualización de datos de la IGJ

La Inspección General de Justicia recibió hasta el momento más de 43 mil presentaciones de declaración jurada de datos de sociedades comerciales, asociaciones y fundaciones. En tanto, se calcula que otras 39 mil enviaron el aplicativo electrónico, trámite que deberán completar con la presentación en la sede del organismo.
En el marco de la presentación de declaraciones juradas implementada por la Inspección General de Justicia entre julio de 2010 y noviembre de 2011, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación logró importantes avances en la actualización de su base de datos.
Según los datos analizados al 19 de enero último, sobre un total de 43.154 declaraciones juradas (DJ) presentadas, 16.742 fueron aprobadas. En tanto, fueron intimadas 6.632 sociedades comerciales; 1.990 entidades civiles, y 937 sociedades extranjeras.
Desde el organismo explicaron que las intimaciones se realizan en casos de encontrarse datos incompletos o ante la falta de realización de algún trámite, como pago de tasas adeudadas, balances, entre otros. Estas sociedades deberán regularizar su situación para darse por concluido el trámite.
Por otro lado, la IGJ resolvió multar a 377 sociedades comerciales; 57 extranjeras y 3 civiles, al detectar que declararon datos falsos en sus presentaciones. Cabe señalar que solo 43 de estas resoluciones fueron apeladas y se encuentran en proceso de definición por parte de la justicia.
Cabe mencionar que el padrón de entidades inscriptas y activas de la IGJ arroja un total de 140.361 sociedades comerciales; 5.833 sociedades extranjeras, y 6.805 civiles.
Finalmente, desde el organismo resaltaron que, vencidos los plazos de presentación el pasado 30 de noviembre, se mantiene la obligatoriedad del trámite para todas las sociedades y entidades civiles que no lo hayan realizado. Hasta tanto no regularicen la situación, estarán imposibilitadas de efectuar cualquier trámite ante la IGJ.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Enero de 2012.-

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