Buenos Aires, 2 de junio de 2009.

1. A. Ramón Manuel Vega y María del Carmen Saavedra apelaron en fs. 99, mediante apoderado, la resolución de fs. 97/98 que desestimó su pedido de sustitución de la inhibición general de bienes decretada a su respecto ofreciendo a embargo inmuebles de la sociedad Emprendimientos Alfa S.A.

Para así decidir la Juez a quo sostuvo básicamente que aún cuando la dación a embargo de bienes de terceros se encuentra contemplada por nuestro ordenamiento (art. 199, Código Procesal) resulta controvertido que una sociedad pueda otorgar un acto que afecte sus bienes para sustituir una medida que pesa sobre sus accionistas, máxime cuando se omitió incorporar copia del estatuto para saber si tal actividad no resulta ajena a su objeto social.

El memorial luce en fs. 108/112 y ha sido contestado por su contraria en fs. 122/129. Interesa señalar aquí que con su presentación los apelantes acompañaron copia del estatuto de la sociedad (fs. 101/107) y que la actora se opuso a tal proceder (fs. 119/120).

B. Asimismo la accionante recurrió en fs. 117 la mencionada decisión, en cuanto distribuyó las costas por su orden, cuando a su entender los gastos debieron quedar exclusivamente a cargo de su contraparte. El recurso fue fundado con la presentación de fs. 132/133 y respondido con el escrito de fs. 135/136.

2. (i) En cuanto al recurso deducido por los incidentistas, cabe recordar inicialmente que la legitimación configura uno de los presupuestos básicos del ejercicio de la función judicial y que su ausencia puede declararse de oficio, dado que la calidad de titular del derecho del actor o la calidad de obligado del demandado es necesaria para la validez del pronunciamiento (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado, t. 7, p. 356, Santa Fe, 1993).

Sentado ello, vale señalar –seguidamente- que tratándose de una sociedad anónima la representación legal recae sobre el Presidente del Directorio (arts. 255 y 268, ley 19550) y si bien nada impide que la persona jurídica pueda actuar por medio de un apoderado en el proceso, ello es válido a condición de que el pretenso representante acredite los recaudos establecidos por la normativa a tales efectos.

En el sub lite tales requisitos no se aprecian cumplimentados, desde que, a pesar de ofrecerse en sustitución inmuebles de propiedad de Emprendimientos Alfa S.A., la presentación no ha sido efectuada invocando y acreditando la representación de la sociedad sino exclusivamente de los Sres. Vega y Saavedra (fs. 67/69), comprobación que por sí sola conllevaría a desestimar lo solicitado.

(ii) Soslayando ese óbice el pedido tampoco resultaría procedente.
Es que como principio la prueba documental y toda la demás de que pretenda valerse el incidentista debe agregarse y ofrecerse juntamente con el escrito que da origen a la articulación (arts. 177 y 333, Código Procesal); regla que, en definitiva, apunta a asegurar la vigencia de la buena fe y la lealtad en el proceso, y a prevenir, en tal contexto, posibles sorpresas procesales, y que aparece impuesta en y para todo tipo de proceso judicial (incluidos los incidentes) y con relación a toda prueba documental conocida y que obrare en poder de las partes (Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, T. I p. 572 y jurisp. allí citada.).
Por tal motivo, la agregación de documentación en la segunda instancia es excepcional, esto es, en los casos específicamente señalados por la ley, cuya apreciación debe hacerse con carácter restrictivo (FassiYañez, «Código Procesal Civil y Comercial», T. 2, p. 469); ya que como explica la jurisprudencia, que se comparte no resulta admisible respaldar lo argumentando en los agravios con instrumentos que se hayan tenido en su ocasión, por cuanto de acuerdo con aquella preceptiva resulta carga de los justiciables deducir en su oportunidad procesal la totalidad de los derechos y defensas que les asisten y ofrecer todas las probanzas que los avalen, ya que los magistrados no pueden suplir su negligencia ejercitando sus facultades (art. 36, Código Procesal) en contra del principio de igualdad de las partes en el proceso (art. 34, inc. 5°, aptdo. c, cód. citado; CCivComFed, Sala 1, 20.11.97, «Syncro Argentina SA c/Alet Laboratorios SAICIE s/cese de oposición al registro de marca»).

Además, cabe señalar que los recursos en relación deben resolverse con las constancias producidas en la instancia anterior, ya que su tramitación impide modificar las bases que tuvo en cuenta el juzgador de grado para decidir la controversia en la resolución que da lugar a la apelación (Colombo - Kiper, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», t. III, p. 186).

(Continúa en la próxima edición)