En Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de dos mil ocho, reunidos los señores jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos integrada del modo que resulta de la Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y de los Acuerdos del 150606 y del 010607 de esta Cámara, fueron traídos para conocer los autos seguidos por «PONCE SARA DEL VALLE» contra «PRIANO DANIEL» sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctores María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi y Miguel F. Bargalló.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:



¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo:



Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.

(CONTINUACUION )

Cotejado el 'folleto' aportado por la demandante, no puedo más que compartir lo afirmado por la anterior sentenciante al respecto. Véase que de su lectura nada surge acerca de la facturación alegada. Allí, sólo se indica: "Remases Varela. Ahora más cerca suyo. Nueva base: La Fuente y Cruz. Por su seguridad viaje con Agencia Habilitada. Servicio las 24 horas. Equipado con radio móvil" y además brinda un teléfono de contacto y la dirección. Por ello, mal puede afirmarse categóricamente que de la leyenda aludida `se desprende que la facturación es la alegada', cuando ello ni siquiera puede inferirse de algún tipo de referencia impresa, tal como un listado de clientes, la cantidad de unidades que conforman la flota de remises o cualquier otro dato de interés tendiente a acreditar los verdaderos ingresos diarios.


Tampoco puedo soslayar que me resulta difícil concebir que la base del cálculo realizado está confeccionada sobre un ingreso por día de pesos cien de cada uno de veinte autos, lo que totaliza un monto de pesos dos mil (v. fs. 683 del alegato), cuando de la contestación de oficio proveniente de SACTA (Sociedad Argentina de Control Tecnico de Automotores) surge que la agencia contaba al 07-09-00 con un solo automóvil de alquiler (Peugeot 405, v. declaración jurada de fs. 501).


Además observo que la quejosa manifestó: '... Tampoco pudo ser probado por la prueba testimonial, dado la particularidad del caso, y porque el a quo ordenó que se llevara a cabo de una manera que no está determinada por el código de procedimientos...' (haciendo alusión a que por resolución de fs. 200/2, se dispuso que las audiencias testimoniales debían ser tomadas en el estudio de cualquiera de los letrados presentados en autos, fs. 759). Sobre el particular, destaco que más allá de no haber sufrido cuestionamiento alguno dicha manda de parte de la recurrente en tiempo oportuno, no encuentro en autos apoyo a tal conclusión, habida cuenta que si tal prueba no fue producida fue porque la propia accionante la desistió (fs. 356).

En relación a la sentencia dictada por el Juzgado Correccional Nro. 8, Secretaría Nro. 63 que luce a fs. 56/8, asevera la recurrente que la anterior sentenciarte '... se limitó a hacer una lectura parcial de la misma ...' puesto que pese a que de la decisión surge que la accionante no se desapoderó de la agencia de remises y que resultó ser víctima de una maniobra societaria, la juez a quo, 'deja abierta la posibilidad de que la misma se fue de la remiseria a los efectos de no cumplir con ciertas obligaciones' (fs. 763).

Al respecto, señalo que si bien es cierto que la demandante resultó sobreseída en sede del crimen, no lo es menos que la sentencia fue dictada con más de un mes de antelación al traslado de la presente demanda (v. al efecto sentencia de fs. 56/8, del 24-05-04 y cédula de notificación de fs. 55, del 25-06-04), por lo que mal puede asegurarse que ello fue decidido sobre la base de que la accionante 'resultó ser víctima de una maniobra societaria' que la defraudó (en la especie, su desplazamiento de la remisería), puesto que para aquel entonces sólo se contaba con el escrito de promoción de la acción, sin ningún tipo de prueba producida.

Tampoco resulta cierta la afirmación referida a que a A quo en su sentencia, enmarca a la relación existente entre el actor y demandado; como inmersa en una de las denominadas «Sociedades de Hecho« y considera por tanto; que no es posible aplicarle el régimen común contractual...' (fs. 755).

Dicha aseveración resulta falaz, en tanto en la sentencia apelada fue expresamente puesto de manifiesto: ' .... la pretensión es improcedente tanto desde la perspectiva del derecho común, como desde la óptica del derecho societario. Desde el primer enfoque ... no se han probado los presupuestos que autorizarían a resolver el contrato invocado en la demanda .... Y lo mismo sucede desde aquel otro enfoque, pues es claro que, cualquiera que haya sido la causa que llevó a las partes a desvincularse, lo que correspondía era disolver y liquidar la aludida sociedad de hecho...'. Lo expuesto, resta toda idoneidad al planteo habida cuenta que ambas alternativas fueron objeto de examen en la sentencia atacada. Propiciaré en consecuencia la desestimación de la queja.

En suma, el recurrente no probó los extremos fácticos que brindaron sustento a la pretensión -su desplazamiento ilegítimo de la remisería- y la realidad descripta me induce a recordar que quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito (Couture, Eduardo, "Fundamentos del Derecho Procesal pág. 244, Bs. As.,1973), ya que la carga de la prueba supone un imperativo de cada litigante (Chiovenda, Giuseppe, "Instituzioni de Derecho Procesal", T. III, pág. 92, ed.1954).

En consecuencia, si bien es verdad que los hechos referidos pudieron -potencial o virtualmente provocar cierto daño, no acreditado que éste se haya concreó, nada se puede agregar puesto que el derecho de daños -fe carácter resarcitorio no puede convertirse en fuente de lucro, ni en un factor de expoliación para el deudor, lo que ocurre cuando éste se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente. Es que si la parte no asistió al juez en la tarea de demostrar el acaecimiento de un hecho -en este caso haber sido desplazada de la remisería- a través del aporte de pruebas que lo puedan convencer de la verosimilitud de su pretensión, esta última no podrá ser admitida. Es decir que la producción de prueba respecto de la plataforma fáctica alegada resulta indispensable a fin de la estimación de una petición (en similar sentido, esta Sala, in re, "Cosculluela, Liliana C. c. Lucioni, Carlos A.", del 26-03-93; idem, mi voto, in re, "Lerman Pablo Ernesto y otro c. Banco Itau Argentina S.A. s. ordinario", del 01-09-06).

Por consiguiente, cabe concluir que por orfandad probatoria, no se ha demostrado un daño directo y personalizado en el patrimonio de la demandante, lo cual determina la inexistencia de uno de los presupuestos básicos de la responsabilidad imputada y, en consecuencia, constituye un impedimento para tenerla por configurada.

Aun cuando lo expuesto, resulta suficiente para rechazar los agravios desarrollados por la recurrente, juzgo necesario expresar que el enfoque jurídico dado a la acción no resultó del todo acertado. Ello, desde que es sabido que la propiedad de partes indivisas de un establecimiento mercantil por parte de actor y demandado arroja como consecuencia jurídica una comunidad patrimonial sobre un mismo objeto de derecho, y resulta inviable -en principio- que los socios requieran la repartición de los bienes oportunamente aportados al ante, sin ajustarse al procedimiento previo de liquidación previsto en el ordenamiento societario.

Sentado lo anterior, concluyo que por no haberse demostrado el daño que alegó la demandante entiendo que la decisión cuestionada es arreglada a derecho. Ergo, en caso de compartirse esta tesis propongo el rechazo de la queja relativa a la acción social de responsabilidad ejercida ut singuli.

Las antedichas conclusiones me eximen de considerar los restantes argumentos esbozados por el recurrente (CNCom, esta Sala, in re "ferino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s. ordinario", del 27-8-89; CSJN, in re: "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica", del 13/11/1986; ídem in re: "Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas", del 12/2/1987; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros). Es que según doctrina fijada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez no tiene el deber de analizar todos y cada uno de los argumentos propuestos, sino tan sólo aquellos que a su criterio sean conducentes y posean relevancia para la decisión del caso (Fallos 258:304; 262:222; 272:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre otros).

En punto al recurso de apelación concedido en relación a fs. 736, contra el resolutorio que dispuso el levantamiento del embargo decretado en autos al haberse dictado una sentencia absolutoria, destaco que su tratamiento deviene inoficioso en atención al sentido de la propuesta confirmatoria de la decisión atacada que elevaré a consideración del Acuerdo.

Por último, subrayo que es principio general en materia de costas que es la vencida quien debe pagar todos los gastos de la contraria y, que el juez puede eximir de ellos al litigante vencido, si encontrare mérito para ello, debiendo aplicar tal excepción, restrictivamente (CNCom., esta Sala, in re, 'P. Campanario SAIC c. Plan Ovalo SA de Ahorro para fines determinados s. ordinario", del 20-03-98).






Estas, no importan una sanción para el perdedor, sino sólo el resarcimiento de los gastos realizados por la parte vencedora para ver reconocido su
derecho. La finalidad perseguida es que tales erogaciones no graviten en desmedro de la integridad patrimonial de quien se ha visto obligado a litigar por la actitud de su contraria.
Desde tal perspectiva, no se advierte que medien aquí circunstancias animadas cuya peculiaridad -fáctica o jurídica- permita soslayar el criterio objetivo de la derrota, debiendo en consecuencia imponérselas al accionante vencido (Cpr. 68).



V. Conclusión.


Por la estructura expuesta sugiero al Acuerdo rechazar la apelación deducida y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (art. 68 CPr.). He concluido. Por análogas razones los Dres. Ana I. Piaggi y Miguel F. Bargalló adhirieron al voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara Ana I. Piaggi, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Miguel F. Bargalló. Es copia fiel del original que corre a fs.
del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.



Y Vistos:
Por los fundamentos del Acuerdo que precede se resuelve rechazar la apelación deducida y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (art. 68 CPr.)
Regístrese por Secretaría, notifíquese y devuélvase. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi y Miguel F. Bargalló. Es copia fiel del original que corre a fs. de los autos de la materia.

JORGE DJIVARIS
SECRETARIO