“De lo anterior se extrae que, en conclusión, los únicos que pueden intervenir en la administración del ente son los socios comanditados. En ese ámbito, es obvio que su competencia es de carácter general para todos los actos referidos al cumplimiento del objeto social, por contraposición a los otros órganos (asamblea y sindicatura) que tienen expresamente limitada su competencia. También se trata al igual que en las SA de una competencia residual, al ser de su competencia todo aquello que sea de administración que no haya sido conferido a otro órgano…”.
“En ese marco, el límite general de las competencias del órgano de administración es que éste, en su actuar, no puede modificar sustancialmente la estructura de la organización económica que subyace a la sociedad. Es lo que cierta doctrina denomina actos de disposición societaria, que no son más que actos de gobierno cuya competencia corresponde a la asamblea.”
“…las expresiones latinas «nemo contra factum propium venire potest», «venire contra factum propium non valet» o «adversus factum suum quies venire non potest «, y que suele formularse en nuestro idioma bajo la rúbrica de que «nadie puede ir (o volver) válidamente (o licita o eficazmente) sobre (o contra) los propios actos», tiene una antigua raigambre en el derecho alemán, en la jurisprudencia española e, incluso, en el derecho inglés donde existe una institución muy similar aunque con distintos alcances o fundamentos, conocida con el nombre de Estoppel…”



En Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de dos mil ocho, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia del Sr. Prosecretario Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados «PUNTA MOGOTE S.C.A.» contra «DIAZ DEL TRÁNSITO AIDA S/ ORDINARIO» (Expte. n°
50.492, Registro de Cámara n° 15.945/2005), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 18, Secretaría Nro. 35, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctora Isabel Migues y Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo

I. Antecedentes del caso
1) Lo resuelto por el a quo

En la sentencia de fs. 231/240 el magistrado de grado acogió la demanda promovida por Punta Mogote S.C.A. (en lo sucesivo ‘Punta Mogote’), contra Aída del Tránsito Díaz, a quien condenó a pagar a la sociedad actora la suma de pesos trescientos siete mil cuatrocientos uno c/96cvs. ($ 307.401,96), con más los intereses pactados en el reglamento interno del ente, desde la fecha de mora y hasta su efectivo pago, siempre y cuando dichos réditos no superasen en dos veces y media la tasa anual que percibe el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento a treinta (30) días. Asimismo impuso a la accionada vencida las costas del proceso (art. 68 CPCCN).

2) La demanda y su contestación.

El 13/04/2005 la actora inició demanda contra la accionada, a quien reclamó el pago de trescientos diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos c/34cvs. ($ 319.665,34), representativos de la deuda conformada por: i) gastos operativos de la administración de la sociedad, mejoras realizadas, y sus respectivos intereses, que van de noviembre de 1999 a junio de 2002, ii) intereses por pago atrasado de las expensas correspondientes al período comprendido entre octubre de 2002 y setiembre de 2003, y iii) expensas de los meses de octubre de 2003 a diciembre de 2004, con más sus respectivos intereses.
Aclaró la demandante ser propietaria de un predio en La Salada, Lomas de Zamora, donde funciona una feria de venta de productos textiles, y en la que los accionistas de la sociedad entre ellos, la aquí demandada cuentan con el derecho de uso y goce de los puestos de venta, debiendo, a cambio, desembolsar los importes relativos a los gastos operativos y mejoras.
Relató que Díaz detenta el uso y goce de veintiocho (28) puestos en la feria de mercaderías y que el monto reclamado emergente de la certificación contable y de sus libros provenía de la falta de pago de los gastos enunciados supra.
De su lado, al contestar demanda, Díaz requirió su rechazo, con costas.
Opuso al progreso de la acción la excepción de falta de personería en el demandante, aduciendo que el mandato otorgado al letrado apoderado de la demandante resultaba insuficiente, toda vez que a través de una medida precautoria deducida por su parte se había dispuesto el desplazamiento de los administradores de la sociedad, designándose nuevos administradores.
A continuación planteó excepción de falta de legitimación para obrar con relación al contenido monetario de la acción, al sostener que algunos de los conceptos emergentes del certificado de deuda del 15/12/2004 («mejoras», «intereses por mejoras» y «diferencia por mejoras») no debían ser soportados por los accionistas en forma individual sino por la sociedad, pues ello no surgía ni de la ley 19.550, ni del estatuto.
Finalmente, impugnó la procedencia de los rubros reclamados, aclarando que si bien había efectuado en varias oportunidades pagos, éstos habían sido «voluntarios» y al sólo efecto de contribuir con los gastos generales.

3) Consideraciones vertidas en la sentencia recurrida.

En su pronunciamiento, al acoger la demanda, el a quo luego de delinear la postura de las partes resolvió:
i) Que la excepción de falta de personería deducida por la demandada era improcedente, toda vez que pese a haber sido intervenida judicialmente la sociedad actora, nunca le había sido revocado el mandato al letrado que inició las presentes actuaciones (o al menos no se acreditó lo contrario en el sub examine).
ii) Añadió que tampoco resultaba procedente la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por Díaz, pues de las actas labradas en ocasión de reunirse los socios administradores de ‘Punta Mogote’ surgía que las expensas y mejoras debían ser afrontadas por los «accionistas feriantes». A ello se suma que los testigos uno de ellos accionistas, al igual que la demandada dieron cuenta de las mejoras realizadas en el predio (asfaltos, muros, tinglados, baños, etc.) y señalaron que las mismas integraban parte de sus obligaciones para con la sociedad actora.
iii) Finalmente, estimó que la existencia de parte de la deuda reclamada surgía acabadamente probada de la peritación contable practicada en autos.
Fue así, que la sentenciante concluyó en que la accionada debía desembolsar a favor de la contraria el importe de trescientos siete mil cuatrocientos uno c/96cvs. ($ 307.401,96), como consecuencia de lo cual acogió la demanda en esa proporción, con costas a cargo de Díaz.

4) Los agravios
Contra el pronunciamiento de primera instancia se alzó la demandada, quien fundó su recurso mediante el memorial que obra a fs. 253/259, contestado por la contraria con la presentación de fs. 261/265.
La quejosa sostuvo:
a) Que correspondió acoger la excepción de falta de personería deducida por su parte, pues el a quo omitió considerar que con fecha 23/03/2005 (esto es, pocos días después de introducida la demanda) se dispuso la designación de administradores judiciales, lo que implicó el desplazamiento de las autoridades naturales de la sociedad actora.
b) Que también debió admitirse la excepción de falta de legitimación para obrar, toda vez que el acta de reunión de «socios administradores» del 01/02/2000 adoptada por el sentenciante como elemento inicial para fundar la resolución criticada no era una reunión de accionistas, sino tan sólo como se dijo de «socios administradores», en la que se había aprobado un reglamento interno que no contó con la anuencia de los accionistas de la sociedad.
iii) Que el Señor Juez de grado determinó la existencia de la deuda en base a una peritación contable incompleta y vacua, que no se condice con la realidad ni con la legalidad provista por el sistema jurídico.

II. La solución

1) El thema decidendum.

Expuestos los antecedentes del sub examine, el thema decidendum en esta instancia resulta abarcativo de diversas cuestiones:
i) La primera de ellas reside en determinar si fue o no válida la actuación concretada por el letrado apoderado de la parte actora, considerando que, días después de introducida la demanda, la sociedad actora fue intervenida judicialmente, medida que concluyó con el nombramiento de coadministradores societarios ii) En el supuesto de ser desestimada la excepción de falta de personería, corresponderá de seguido dilucidar si resultan oponibles a la demandada los términos y cargas emergentes del «reglamento interno» dictado por los «socios administradores» en febrero del año 2000 en especial lo relativo a la imposición de los conceptos por «expensas» y «mejoras» o si, por el contrario, era la sociedad actora quien debía asumir el pago de las obligaciones reclamadas en la especie.
iii) Y por último siempre en la hipótesis de no resultar acogida la excepción de falta de acción deducida por Díaz cabrá indagar acerca de la regularidad de las conclusiones expuestas por el experto contable interviniente en la especie, al erigirse dicha peritación en prueba fundamental del daño cuyo resarcimiento fue ordenado en el sub lite.
A1 tratamiento de tales cuestiones corresponde abocarse seguidamente.

2) Respecto a la excepción de falta de personería.
Así las cosas, he de comenzar por lo atinente a la excepción de falta de personería.
Como es sabido, dicha excepción sólo es viable cuando se basa en la falta de capacidad civil en el actor o el demandado y, con
relación al apoderado cuya actuación es objetada en el sub examine en la falta o insuficiencia de su mandato (esta CNCom., esta Sala A, 15/06/1981, in re: «Frigoríficos Alberdi S.A. c/ Sciaroni, José»; idem, 07/10/1982, in re: «Hogar de Anciano Mater Misericordia c/ Honoris Apolinaria»; idem, Sala D, 15/08/1985, in re: «Dar S.A. de Ahorro y Préstamo S.A. «, entre muchos otros).

En el caso, la actora adujo que el mandato otorgado al letrado apoderado de la demandante (Dr. Jorge Ariel Fiasche Seri), resultaba insuficiente, toda vez que debido a una medida precautoria deducida por su parte se había dispuesto la suspensión y el desplazamiento de los administradores de la sociedad, designándose nuevos administradores.
En consecuencia, y con el objeto de determinar la razonabilidad de dicha invocación estimo conducente examinar las probanzas obrantes en la causa:
i) En primer lugar, se señala que la demanda fue introducida el 13/04/2005 (véase cargo de fs. 21vta.).
ii) De otro lado, se extrae de las actuaciones caratuladas «Díaz, Aída del Tránsito c. Punta Mogote S.A. s/medida precautoria» que se dispuso la intervención de la sociedad actora recién el 22/03/2005, es decir, 9 días después de ser introducida la demanda (véase copia de la resolución a fs. 80/82). En dicha ocasión se nombró administradores a los Dres. Javier Fernández Moores y Carlos Bianchi, quienes tomaron posesión del cargo el 05/04/2005 (véase copia del «mandamiento de posesión del cargo», fs. 79 bis). Aclárase que si bien en el pronunciamiento de primera instancia (emitido por la Sra Jueza de grado del Juzgado Comercial n° 26) se había dispuesto que los administradores desplazaran a las autoridades naturales de ‘Punta Mogote’, lo cierto es que tal medida fue morigerada por la Alzada con fecha 14/10/2005, limitando la intervención de los mentados letrados al carácter de coadministradores (véase contestación a oficio de fs. 199 y copia del decisorio de la Sala C de este Tribunal, obrante a fs. 108/110).
iii) A ello se suma que los coadministradores notificaron a la sociedad actora su calidad de tales recién el 19/04/2005, es decir, 36 días después de introducida la demanda (véase copia de notificación de fs. 79 bis).
Sin embargo y he aquí el punto determinante del asunto los coadministradores no han desplazado al órgano de administración sino que participaron en él en la medida del alcance de su designación, a lo que se suma que de ninguna de las constancias de la causa surge que el órgano de administración o el Tribunal hubiese revocado el poder otorgado oportunamente por la actora a Fiasche Seri, no verificándose, pues, la existencia de ninguna de las causales de extinción del mandato previstas en el art. 1963 Cód. Civil.
En ese orden de ideas, debe contemplarse que la intervención societaria mediante el nombramiento de coadministradores y aún nuevos administradores, no importa per se la incapacidad del mandante, ni mucho menos extinción del mandato otorgado, salvo que dichos administradores hubiesen dispuesto expresamente la revocación del mandato, circunstancia que no fue siquiera invocada en la especie (cfr. en sentido análogo, esta CNCom., Sala D, 29/07/1985, in re: «Cía Financiera de Concesionarios Ford Finanford S.A. c/ Temperley Construcciones Empresa de Pavimentos, Obras Civiles y Anexos S.A.’).
Desde esta óptica, y no habiéndose arrimado a la causa elementos de valoración en apoyo de la defensa de la demandada, habré de proponer la confirmación de lo decidido al respecto por el anterior magistrado, desestimando por ende el agravio bajo estudio.
3) En torno a la excepción de falta de legitimación para obrar y a la oponibilidad del «reglamento interno» a la accionada.

Corresponde ahora abordar lo concerniente a la excepción de falta de legitimación para obrar deducida por Díaz.
Esta Sala tiene dicho que la legitimatio ad causam significa la correspondencia del derecho sustancial con la persona que lo hace valer o contra quien se lo hace valer. La pauta para determinar la existencia de legitimación procesal está dada, en principio, por la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso (CNCom., esta Sala A, mi voto, 28/06/2007, in re: «Daly y Cía. S.A. s/quiebra cl Cadbury Schweppes Public Limited y otro «; CApeICCJunín, 20/06/1989, in re: «Cooperativa Agrícola Ganadera de Zavalía c. Rancho O.C.S.A. y otros»; LL, 1989D, 406; DJ, 19892778).
Pues bien: la accionada refirió que la sociedad actora no se hallaba legitimada a exigir el pago de los conceptos pretendidos, toda vez que dichas obligaciones, más allá de tener que ser afrontadas por ‘Punta Mogote’ y no por los accionistas, habían sido impuestas a su parte con base en un ‘reglamento interno’ dictado por el órgano de administración de la sociedad en el año 2000, que no había sido aprobado por el órgano de gobierno del ente.
Ello obliga, antes de resolver la cuestión, a efectuar ciertas consideraciones respecto a la caracterización de la sociedad en comandita por acciones, para luego aludir a la oponibilidad del ‘reglamento interno’ dictado en la reunión de socios administradores el 01/02/2000 (véase copia certificada por escribano público, obrante a fs. 73/75) frente a la demandada.

En ese plan expositivo he de comenzar señalando que como es sabido la sociedad en comandita por acciones se encuentra regulada como tipo societario entre los arts. 315 y 324 LS, luego de la sociedad anónima. La metodología legislativa responde al criterio de considerar a aquel tipo societario como una especie de las sociedades por acciones.
Sin embargo, con un enfoque meramente doctrinario se ha dicho que la SCA es una subespecie de la comandita simple; por tanto son aplicables a aquéllas las normas generales de esta última con las variaciones absolutamente parciales que resultan del carácter accionario (cfr. Zaldívar y otros, «Cuadernos de derecho societario», Volumen III, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1978, p. 651).
La particularidad de este tipo social es que cuenta con dos especies de socios: los socios comanditados y los accionistas comanditarios.
Los comanditados asumen una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria por las obligaciones sociales y su capital se divide en partes de interés, siendo de aplicación las normas de los socios colectivos (art. 134 LS). Estos socios son los únicos que el en sistema de la ley pueden ejercer la administración de la sociedad (art. 136 LS; cfr. Zaldívar y otros, ob. cit., p. 671).
De su lado, los accionistas comanditarios tienen responsabilidad limitada al aporte que se comprometieron a realizar y su capital se representa por acciones. Pueden llevar a cabo actos de examen, inspección, vigilancia, verificación, inspección o consejo (art. 138 LS), pero les está vedado ejercer la administración de la sociedad (art. 137 LS). Sin embargo, si integran el consejo de vigilancia y el estatuto lo prevé, para determinadas clases de actos o contratos puede exigirse su previa aprobación (art. 281, inc. c, LS; Zaldivar y otros, ob. cit., ps. 671/672).
De lo anterior se extrae que, en conclusión, los únicos que pueden intervenir en la administración del ente son los socios comanditados. En ese ámbito, es obvio que su competencia es de carácter general para todos los actos referidos al cumplimiento del objeto social, por contraposición a los otros órganos (asamblea y sindicatura) que tienen expresamente limitada su competencia. También se trata al igual que en las SA de una competencia residual, al ser de su competencia todo aquello que sea de administración que no haya sido conferido a otro órgano (cfr. Sánchez Calero, Fernando, «Los administradores en la sociedades de capital», Ed. Thomson Civitas, Madrid, 2005, p. 41).
En ese marco, el límite general de las competencias del órgano de administración es que éste, en su actuar, no puede modificar sustancialmente la estructura de la organización económica que subyace a la sociedad (cfr. Cabanellas de las Cuevas, «Derecho societario. Parte general. Los órganos societarios», t. IV, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1996, p. 62; Roitman, Horacio, «Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada», t. IV, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 317). Es lo que cierta doctrina denomina actos de disposición societaria, que no son más que actos de gobierno cuya competencia corresponde a la asamblea (cfr. Halperín, Isaac, «Sociedades anónimas», Ed. Depalma, Buenos Aires, 1974, p. 428; Otaegui, Julio, «Administración societaria», Ed. Abaco, Buenos Aires, 1979, p. 60).
No obstante, debe precisarse que el administrador, para hacerse cargo de la gestión social debe necesariamente realizar actos de disposición, aunque no les cabe realizar actos que impliquen modificaciones o alteraciones en la estructura jurídica, económica o financiera de la sociedad. Desde este ángulo de vista, el dictado de un «reglamento interno» sólo tiende a ordenar las actividades necesarias para la mejor administración y gobierno del ente.
La ley de sociedades en el art. 5° contempla que el acto social constitutivo pueda coexistir con un reglamento, el que también debe ser publicado e inscripto registralmente, si ello fuese previsto de manera estatutaria o contractual. Asimismo, también el art. 167, tercer párrafo LS prevé que si el estatuto previese un reglamento, éste deberá inscribirse con idénticos requisitos. Sin embargo, cabe aquí señalar que si bien existe en el tema un criterio de libertad de formas y ello no implica soslayar las exigidas en aras de la certidumbre y seguridad jurídica frente a terceros, puede prescindirse de la observancia estricta del art. 167 de la ley 19.550 desde el instante en que el reglamento ni siquiera integra el acto constitutivo de la sociedad (véase sobre el tema, Gagliardo, Mariano, «El reglamento en la sociedad anónima como fuente de poder decisorio», LL, 1997D, 12481251).
En la especie cabe destacar, en primer lugar, que no se ha allegado en momento alguno el estatuto social a fin de acreditar si el mismo prevé el dictado de un reglamento que debiera ser inscripto y, en segundo lugar, que este conflicto se plantea entre la sociedad y una socio, y no frente a terceros ajenos al ente.

En ese marco, debe ponerse de manifiesto que, en el caso, la demandada no negó haber conocido los alcances del ‘reglamento interno’ que ahora impugna, resultando claro que la omisión del recaudo de inscripción registral y publicidad establecido en los artículos legales precedentemente citados no es oponible por su parte, ni a los restantes accionistas, ni a la sociedad, lo que lleva a reiterar que la omisión de tal recaudo en caso de no haberse practicado sería invocable únicamente por terceros.
Desde esta perspectiva, la reunión de socios administradores que dictó el ‘reglamento interno’ el 01/02/2000 no hizo más que establecer respetando la competencia que le cabía a dicho órgano las pautas necesarias para que la sociedad pudiese cumplir debidamente con el objeto social trazado, cual era el de diseñar los puestos y administrar el predio ferial en el que la demandada y los restantes «accionistas feriantes» que contaban con el derecho de uso y goce de los puestos explotaban los puestos de ventas de mercaderías, sitos en el «paseo de compras» ubicado en Lomas de Zamora.
Repárese en que si bien dicho reglamento sobreabunda en la cita de artículos de la ley societaria, así como del estatuto social (véase copia certificada por escribano de fs. 73/75), sólo puede colegirse que ello es así para lograr una mayor claridad en cuanto a los contenidos allí previstos y su correlación con las previsiones de aquellos instrumentos. La exigencia de la aprobación por asamblea que se trae en el memorial sólo podría exigirse si ello está previsto estatutariamente o, en todo caso, si se acreditase que este instrumento avanzó sobre áreas de regulación que le estaban vedadas y expresamente excluidas por el estatuto social. En la especie, ya se ha señalado que la demandada no cumplió con la carga esencial para sus intereses de traer a estas actuaciones el texto de dicho estatuto, a los fines de que este Tribunal pudiese examinar si el reglamento cuestionado transgredía las disposiciones de aquél.
Al respecto, sabido es que el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que se invocan como fundamento de las pretensiones, defensas o excepciones, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso; por lo tanto, a la actora le correspondía acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, en tanto que la parte contraria debía también hacerlo respecto de los hechos extintivos, impeditivos o modificatorios, por ella alegados. Así, la obligación de afirmar y de probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas hacer valer los hechos que quiere que sean considerados por el juez y que tiene interés en que sean tenidos por él como verdaderos (véase CNCom., esta Sala A, 06/06/2008, mi voto, in re: «San Gabriel c. Cabaña y Estancia Sanata Rosa S.A. «; idem, 15/06/2006, in re: «BR Industria y Comercio c. Ekono S.A. «; cfr. Chiovenda, Giusseppe, «Principios de Derecho Procesal Civil», t.11, pág. 253).
La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito (véase CNCom., esta Sala A, 29/12/2000, in re: «Confort¡, Carlos Ignacio y otros c/B. G. B. Viajes y Turismo SA», entre muchos otros).
Así pues, viene al caso recordar que en el régimen jurídico local el instituto del reglamento como acción o efecto de disponer o bien como continente de diversas estipulaciones tiene una amplia aplicación. El aquí observado constituye un reglamento de actividad, toda vez que entre otros alude a ciertos aspectos relativos a la gestión de los administradores en orden a una mayor eficiencia y adecuada funcionalidad de la sociedad, acorde al objeto social (cfr. Gagliardo, ob. cit., p. 1250) pero, también y fundamentalmente, regula el hacer de los socios con relación a la conservación de los locales que constituyen el objeto social, junto con su administración.
En esa inteligencia, se aprecia que el dictado del «reglamento interno» que introdujo los conceptos de «expensas» y «mejoras» (o «gastos extraordinarios») a cargo de los accionistas no constituyó un acto exorbitante a la competencia del órgano de administración: mediante dicho instrumento se estipulan ciertas pautas de administración básicas para la conservación y explotación del «paseo de compras» permitiendo, de ese modo, el cumplimiento del objeto social.
En tal sentido, más allá de que dan cuenta de dicha realidad las actas labradas en ocasión de reunirse los socios administradores de ‘Punta Mogote’ y las memorias correspondientes a los ejercicios de los años 2000 y 2001 (véanse fs. 75/78 bis), resultan también esclarecedores los testimonios aportados por Raúl Churba accionista de Punta Mogote’ y Alejandra Castro Silva ex empleada de la accionante quienes refirieron que los socios comanditarios accedieron, a partir de lo dispuesto en el reglamento, a pagar los gastos efectuados en concepto de expensas, seguridad e higiene, gastos operativos y mejoras (véase respuesta a pregunta 1 ° de la declaración testimonial de Churba, fs. 179, y respuesta a pregunta 4° de la declaración de Castro Silva, fs. 186), especificando en lo que a estas últimas respecta, que se realizaron asfaltos para la circulación dentro del predio, muros, rampas de acceso, iluminación y baños (véase testimonio de Churba, respuesta a pregunta 3°, fs. 179).
Indudablemente tales gastos no constituyen actos de disposición, sino de conservación y mejora, cuya determinación es propia de la competencia del órgano administrativo.

De su lado, no soslayo que con posterioridad al dictado del «reglamento interno» por los socios administradores, la demandada y otros accionistas del ente abonaron $170.200 en concepto de «gastos operativos de la administración» (véase copia de recibo de fs. 11, de fecha 14/07/2003, no desconocido expresamente por la accionada).
Tal circunstancia permite concluir en que resulta poco verosímil la versión sostenida por Díaz, relativa a que los pagos realizados por su parte eran «voluntarios» y al solo efecto de contribuir a los gastos generales. Indudablemente se trataba de la cancelación de obligaciones puestas en cabeza de los «accionistas feriantes»
A ello se adiciona que hasta el momento del reclamo judicial la demandada no efectuó ninguna impugnación al reglamento en cuestión (o, al menos, no se probó lo contrario).
Bajo ese encuadramiento, sabido es que el llamado principio o doctrina de los propios actos predica la inadmisibilidad del intento de ejercer judicialmente un derecho incompatible con el sentido que la buena fe atribuye a la propia conducta anterior (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 28/12/2007, mi voto, in re: «Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Hierros Vázquez Soc. Colectiva y otros»; idem, 24/11/1980, in re: «Copes Juan Carlos c. Codic Producciones S.R.L. «; idem, 15/03/1985, in re: «Colombo, Antonio c. Apolo Compañía Argentina de Seguros S.A. «; véase también ED 75370; 76610; 80544; 81157; 81610; 82431; 83269; 83-473; 85348; 85539; 88686; 91250; 91434; 95219; 95233; 97363; 98-314; R.E.D. 13, p. 104 sum. 15, p. 35/36 sum. 4, 7 y 10, etc.).
Dicha norma, expresada habitualmente en las expresiones latinas «nemo contra factum propium venire potest», «venire contra factum propium non valet» o «adversus factum suum quies venire non potest «, y que suele formularse en nuestro idioma bajo la rúbrica de que «nadie puede ir (o volver) válidamente (o licita o eficazmente) sobre (o contra) los propios actos», tiene una antigua raigambre en el derecho alemán, en la jurisprudencia española e, incluso, en el derecho inglés donde existe una institución muy similar aunque con distintos alcances o fundamentos, conocida con el nombre de estoppel (S.P. Safontás «Doctrina de los propios actos», Revista Jus n° 5, año 1964, p. 28; esta CNCom., Sala A, 24/11/1980, in re: «Copes... «, cit supra). Salvo en este último caso en que el fundamento del instituto es la protección de la apariencia jurídica, suele invocarse como fundamento de la ilicitud del «venire contra factum propium» el principio general de la buena fe, del cual aquél es considerado una mera derivación (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 28/12/2007, mi voto, in re: «Banco de la Provincia de Buenos Aires.. «, cit. supra; esta CNCom., Sala A, 24/11/1980, in re: «Copes... «, cit supra; cfr. Franz Wieacker, «El principio general de la buena fe»; Cuadernos Civitas S.A., Madrid, España, 1977, p. 146; Luis Diez Picazo Ponce de León, «La doctrina de los propios actos», Ed. Bosch, Barcelona, España, 1963, p. 142; J. Mosset Iturraspe; «Justicia Contractual», Ed. Ediar, Buenos Aires, 1977, p. 146; E.T. Bianchi y H.P. Iribame, «El principio general de la buena fe y la doctrina del venire contra factum propium non valet», ED, 106/851; Belluscio, Augusto, «Código Civil Comentado, Anotado y Concordado»; Ed. Astrea, t. V, Buenos Aires, 1984, p. 908; José Luis de los Mozos; «El principio de la buena fe», Ed. Bosch, 1965, p. 183; idem jurisprudencia en ED 88179 y 91250; R.E.D. t. II, p. 80, sum. 18; idem t. 15, p. 35, sum. 4, etc.).
Es que, en efecto, una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de ejercitar los derechos conforme a ella (art. 1198 Cód. Civil) es la exigencia de un comportamiento coherente, entendiéndose por esto que cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra, con su conducta, una confianza fundada conforme a la buena fe en una determinada conducta futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza suscitada siendo inadmisible toda actuación incompatible con ella (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 28/12/2007, mi voto, in re: «Banco de la Provincia de Buenos Aires...», cit. supra; idem, 12/07/2007, del voto del Dr. Kölliker Frers, in re: «Juncal Empresa de Viajes y Turismo S.A. c. Internacional Air Transport Association (IATA) y otro»; idem, 24/11/1980, in re: «Copes, Juan Carlos c. Codic Producciones SRL «; cfr. en este sentido Diez Picazo Ponce de León en la obra citada, p. 142).
Por lo hasta aquí dicho, y encontrándose probado que la demandada conocía y había consentido los alcances del ‘reglamento interno» de fecha 01/02/2000, y no hallándose probado que exista previsión estatutaria que obligue a la inscripción (art. 5 y 167 LS) no cabe sino desestimar el agravio relativo a la cuestión aquí tratada y, consiguientemente, confirmar lo decidido por el a quo sobre este punto.
4) El valor de la peritación contable impugnada por la demandada.
Desestimadas las quejas relativas a las excepciones planteadas por Díaz, y habiéndose concluido en que el reclamo de la accionante resulta legítimo, resta examinar lo atinente a la regularidad de la peritación contable con base en la cual el anterior magistrado especificó el monto de condena, teniendo por probada la existencia de gran parte de la deuda demandada.

Recuerdo que para que el daño sea resarcible, debe existir plena certidumbre sobre su existencia (CSJN, 13/10/1994, in re: «Godoy, Miguel A. c. Banco Central»). Su prueba es esencial, puesto que si no se halla demostrado carece de sustento la pretensión resarcitoria que tuviera por presupuesto justamente ese extremo (esta CNCom., esta Sala A, 12/07/2007, in re: «Juncal Empresa de Viajes y Turismo S.A. c. Internacional Air Transport Association (IATA) y otro»: SCBA, 06/10/1992, in re: «Damelino de Constantini, Celia c. Asociación de Jubilados y Pensionados de Villa Ramallo»; LL, 23/12/1992; Sala B, 22/2/2005, in re: «Clucellas, Patricio c. Valle Las Leñas»).
Sobre esa base, no cabe soslayar que la demandada impugnó a fs. 162/163 la peritación contable de fs. 154/157, pero más allá de expresar su desacuerdo sobre los resultados alcanzados por el experto, lo cierto es que no anejó a la causa ningún otro elemento de prueba (v.gr. recibos de pagos de los últimos tiempos) que permitiese colegir que su parte hubiese cumplido con las obligaciones emergentes del cuestionado «reglamento interno».

A1 respecto, se ha dicho que para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por este Tribunal es de menester arrimar evidencias capaces de crear convicción sobre que los datos proporcionados por el perito son insuficientes. Es sabido que aún cuando los resultados del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, 13/08/1998, in re: «Soregaroli de Saavedra, María Cristina c/ Bossio, Eduardo César y otros», Fallos, t. 321, p. 2118; en igual sentido, esta CNCom., esta Sala A., 08/11/2007, mi voto, in re: «Prensiplast S.A. c. Petri S.A. «). Sin embargo, tal como se señaló, ningún elemento de valoración en contrario ha sido arrimado a la causa, por lo que habrá de tenerse como cierto lo informado por el experto.
De modo alguno altera lo aquí decidido el hecho de que la accionante hubiese omitido asentar en su contabilidad los asientos correspondientes al año 2006 (al constar en la pericia que los últimos asientos corresponden a diciembre de 2005), pues, por un lado, la deuda aquí reclamada fue la devengada hasta diciembre de 2004 (lo que se halla debidamente asentado) y, por otro lado, si bien refirió la perito cierto retraso en la contabilidad al contestar la impugnación practicada por la demandada, añadió que se le exhibieron «borradores del libro Diario por el ejercicio en curso 2006, en espera para su transcripción al libro Diario rubricado» (véase fs. 168). Lo dicho anteriormente respecto al período de reclamo, no permite colegir, en este marco, la necesaria existencia de una irregularidad en la contabilidad de la accionante que pueda incidir sobre la entidad de la deuda a cuyo pago se condena.
En consecuencia, he de propiciar el rechazo del recurso y, consiguientemente, la confirmación de la sentencia apelada.

Fuerza es omitir la repetición y refutación de cada frase de la recurrente; pues muchos asuntos de estas características se resuelven mediante una visión globalizadora del conjunto de hechos, aplicándose los principios propios de la labor interpretativa judicial (art. 386 CPCCN; Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279, entre otros).

III.- La conclusión.

Por lo hasta aquí expuesto entonces, propongo al Acuerdo:
1) Rechazar el recurso deducido por la parte accionada.
2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que se decide y fue materia de agravio, por los fundamentos expuestos en este pronunciamiento.
3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

He aquí mi voto.
Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Míguez, y el Señor Juez de Cámara, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers, adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores

Jueces de Cámara, Doctores:




Buenos Aires, de diciembre de 2008

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

1) Rechazar el recurso deducido por la parte accionada.

2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que se decide y fue materia de agravio, por los fundamentos expuestos en este pronunciamiento.

3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN). María Elsa Uzal, Isabel Míguez y Alfredo Arturo Kölliker Frers. Ante mi, Jorge Ariel Cardama. Es copia del original que corre a fs. de los autos de la materia.