(Continuación)
Es cierto que el art. 10 de la ley 19.550 establece que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día, en el diario de publicaciones legales correspondiente, los elementos principales del contrato constitutivo -entre los que se encuentra el domicilio de la sociedad, inc. 4)- . Sin embargo, el art. 11, menciona los datos que debe contener el instrumento de constitución e incluye en el inciso 2) el domicilio de la sociedad, aunque agrega: “ Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta”. Así, se ha dicho que “Si en el contrato se establece como domicilio una dirección determinada, éste tiene efectos plenos, debiendo ser considerado como legal en los términos del art. 90 inc. 3 del Código Civil, sin admitirse prueba en contrario, mientras la sociedad no altere su inscripción registral, que requiere una modificación del contrato social” (CNCom, Sala C, 26/2/80, ED 90-249, Nro. 5).
Asimismo, esta Sala ha sostenido invariablemente, con relación al domicilio societario de la empresa demandada que, cuando la notificación de la demanda se efectuó en el domicilio que tenía registrado la sociedad, la diligencia surte los efectos de un acto notificatorio válido en los términos del art. 32 inc. a) de la L.O., en atención a que resultan plenamente aplicables en la especie las prescripciones contenidas en los arts. 90 inc. 3º del Código Civil, 11 inc. 2º, 12 y 60 de la ley 19550 –según modificación introducida por ley 22903-, ya que el domicilio social inscripto es el que prevalece a fin de otorgar efectos jurídicos a los actos, hasta que sea debidamente cambiado e inscripto regularmente (cfr. esta Sala in re “Forte, Vicente c/ Establecimientos Metalúrgicos San Gabriel SA”, sent. Int. 37.104 del 19/9/94 y “Barrios, Rodolfo c/ Disthel S.A.”, sent. Int. 40213 del 21/5/96, entre otras).
En igual sentido se ha expedido la doctrina especializada al decir que: “Las sociedades comerciales deben inscribirse en un único registro mercantil y la primera de las registraciones prevalece hasta su cancelación. Ésa es la regla en la normativa de la registración mercantil, impuesta por la necesidad de proveer seguridad en cada plaza y la de evitar el fraude en general y aún la burla al ejercicio de la policía societaria en determinadas especies. El domicilio inscripto es sede legal de la sociedad (por lo que deben tenerse por válidas todas las notificaciones allí cursadas) (CNCom, Sala A, 6/10/95, JA, 1996-II-143 y Rep. LL1997-1856, nº 66; íd., Sala D, 7/6/96, LL, 1997-D-887, nº 2; íd, 29/3/00, Errepar, II, 011.004.004,44, citado por Alfredo Víctor Verón, “Sociedades Comerciales” Ley 19.550, comentada, anotada y concordada, Tomo I, Ed. Astrea, pag. 99/100).
Además, debe tenerse en cuenta que rige en la especie lo normado en el art. 12 de la ley de sociedades comerciales en cuanto a que las modificaciones estatutarias no inscriptas resultan ineficaces para la sociedad e inoponibles frente a terceros. En este sentido, se ha sostenido que: “ Son terceros los interesados que han adquirido o pretenden adquirir un derecho subjetivo sobre la base de la exteriorización registral, por lo que, al separarse la validez de la eficacia, los efectos se proyectan ante el socio otorgante, el no otorgante y, naturalmente, la sociedad misma. En lo que concierne a aquellos terceros, los efectos internos de las modficaciones del contrato social no inscriptas resultan ajenos a ellos, y la sociedad no puede oponerlas si no las inscribe regularmente…” (v. Verón, ob. cit., pág. 119) y agregó este autor: “ Téngase en cuenta que no es la petición de inscripción, la publicación de edictos ni aun la resolución de inscripción en el Registro Público de Comercio lo que produce el efecto de eficacia plena de la modificación del contrato de sociedad con respecto a terceros, sino la toma de razón final, es decir, la inscripción misma” (pág. 123).
En el sub lite, de la reseña probatoria efectuada precedentemente surge que, a pesar de que el domicilio originario inscripto y publicado en el B.O. fue el de la calle Lima 369, Piso 3ro. “C” de Capital Federal, con posterioridad, se efectuó -por medio de Asamblea- el cambio de la sede social a Avda. Juan B. Justo 1421, piso 3ro. “A” de Capital Federal; y, como se ha visto, fue inscripta por la autoridad competente el 26/2/2001 (v. fs. 537). Si bien, el 12/4/2003 se decidió un nuevo cambio de domicilio -en Maipu 267, Piso 6to.- lo cierto es que la inscripción de este último en la Inspección General de Justicia recién se efectivizó el 1/7/2004 (v. fs. 541) por lo que, de conformidad con lo establecido por el art. 12 LS, no era oponible a terceros para los actos anteriores a esta última fecha. En tales condiciones, estimo que, al momento de practicarse la intimación obrante a fs. 7 (13/4/2004) y la posterior comunicación resolutoria (21/4/2004) el domicilio legal inscripto de Plataforma Cero S.A. era, precisamente, aquel al que se dirigieron esas comunicaciones: Avda. Juan B. Justo 1421, Piso 3ro. A de Capital Federal (ver fs. 7 y 9).
Por lo expuesto, propongo se revoque lo decidido en origen en este aspecto ya que corresponde entender que efectivamente esos despachos telegráficos ingresaron bajo la órbita de conocimiento de la empleadora pues fueron correctamente dirigidos; y la dificultad material que haya existido en concretar su entrega sólo resulta imputable a la destinataria.
No dejo de advertir que la comunicación de voluntad, en nuestro derecho, reviste carácter recepticio; sino que sólo he querido puntualizar que la falta de entrega material de esas piezas postales, no implican que no deban considerarse recepcionadas por el destinatario cuando -como ocurrió en el caso- la comunicación ingresó bajo la órbita de su conocimiento presunto.
Sentado ello, cabe señalar que mediante el telegrama obrante a fs. 7 el 13/4/2004 el actor reclamó -entre otras cosas- que se le abonaran diversos rubros adeudados - asignaciones no remunerativas y aguinaldos - y que la empleadora registrara la relación laboral.
Ahora bien, la empleadora no respondió dentro del plazo que se le había otorgado en la requisitoria confirmando así, con su silencio, la deuda salarial que se le había imputado en la intimación y la falta de registración del contrato de trabajo (conf.art. 57 LCT); por lo que es evidente que no sólo se sustrajo a sus deberes esenciales (arts. 52, 62, 63, 74, 121 y 122 de la LCT y art.7 y subs. ley 24.013) sino que, además, carecía de la intención de cesar en esos graves incumplimientos. En tales condiciones, creo indudable que existía una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT), por lo que concluyo que la decisión resolutoria adoptada por Flores el 21/4/2004 (fs.9) se basa en causa legítima; y, en esa inteligencia, he de admitir su derecho a las indemnizaciones que pretende (arts. 232, 233, 245 y 246 LCT).
Dado que el despido se produjo dentro del lapso contemplado en el art.16 de la ley 25.561 y en los Dec.Nº883/02, Nº662/03, Nº256/03, Nº1351/03 y Nº 369/04 debe adicionarse a la indemnización por antigüedad o “despido” la duplicación prevista en esa norma. En cambio, no encuentro procedente la duplicación de otras indemnizaciones porque, a mi entender, el art. 4º del Dec.264/02, en cuanto ha pretendido extender la duplicación prevista en el citado art.16 a otros conceptos distintos a la indemnización por antigüedad o despido vulnera el orden de prelación que prevé el art.31 de la C.N. y traspone el límite previsto en el art.99, inc. 2º de la C.N..
En efecto, es evidente que la mencionada disposición del PEN extiende el agravamiento a rubros no contemplados en la ley pues ésta sólo hace referencia singular a la “indemnización” que corresponde a un despido sin causa justificada en obvia referencia a la que los arts.245 de la LCT y 7 de la ley 25.013 denominan “...por antigüedad o despido” (conf.CNAT, Sala I, 25-8-04, S.D. Nº 81.939 “Berenbaum, Gabriel J. c/ Instituto Dupuytren de Traumatología y Ortopedia SA s/ despido”). A mayor abundamiento y por razones de brevedad me remito a las muy fundadas consideraciones que efectúa el Dr. Jorge J. Sappia en los trabajos doctrinarios elaborados con relación a este tema (“Los despidos y las crisis....” en D.T.2.002-A, pág.447; y “Una obcecación jurídica....”, en D.T.2005-A, pág.267). Obsérvese -además- que el contenido de la ley 25.972 –que, aún cuando no estaba vigente a la fecha del distracto, sirve para apreciar la intención del legislador– refleja claramente que, magüer el criterio adoptado por el P.E.N., la intención del legislador no ha sido la de agravar cualquier indemnización que se origina a partir de la fecha de despido, sino sólo la que corresponde a la antigüedad adquirida en el empleo. De acuerdo con ello y en tanto el art.4º del Dec.264/02 afecta el esquema normativo de nuestra Constitución y el principio de división de poderes contenido en ella, corresponde dar prevalencia a la Ley Suprema y prescindir en el caso de la aplicación del referido decreto en cuanto se contrapone a ella. Como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación el control de constitucionalidad y la consiguiente facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma puede ser ejercida de oficio por los jueces de la causa cuando se afectan normas de jerarquía superior y, en definitiva, cuando se produce una violación de la Constitución Nacional que va en desmedro de la seguridad jurídica (C.S.J.N., 27-9-01 “Mill de Pereyra, Rita y otros c/Prov.de Corrientes”, F: 324: 3.219; C.S.J.N. 19/8/04 “Banco Comercial Finanzas S.A. -en liquidación Banco Central de la República Argentina s/ quiebra-” B. 1160. XXXVI ).
El actor intimó fehacientemente a su ex-empleadora -entre otras cosas- para que le abone las indemnizaciones correspondientes al despido incausado (fs. 9); y la demandada no se avino en modo alguno a abonarle dichas indemnizaciones. Por otra parte, es evidente que colocó al accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar su cobro. En consecuencia y como no se han esgrimido causas que justifiquen la falta de pago de las indemnizaciones que corresponden a un despido incausado, entiendo que también resulta procedente el incremento indemnizatorio reclamado con base en el art. 2º de la ley 25.323.
En cambio no es procedente la sanción prevista en el art. 80 de la L.C.T. (modificado por el art. 45 de la ley 25.345) porque si bien el actor intimó con fecha 2/9/2004 - es decir transcurrido el plazo establecido en el art. 3 del decreto 146/01, reglamentario de la ley 25.345- dicha comunicación fue dirigida al domicilio de Avda. Juan B. Justo 1421, Piso 3ro. “A” de Capital Federal (v. fs. 10) pero, tal como se reseñó precedentemente, la sociedad demandada cambio su domicilio social a Maipú 267, piso 6to. de Capital Federal y, dicha modificación fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 1 de julio de 2.004 (v. fs. 541) por lo que, al momento de efectuar la intimación requerida por el art. 80 de la LCT, el domicilio legal de la demandada era distinto al que fue remitida dicha misiva. El Correo Oficial informó que no fue entregada y, por lo expuesto, no puede entenderse que haya entrado en la esfera de conocimiento de la demandada.